Antonio Verdú. :: R. R.
Ciudadanos

Verdú queda fuera del supuesto caso de extorsión a un empresario

El juez de Barbate que investiga el asunto no citará como imputado al exalcalde de Vejer, sino como testigo tras solicitarlo el fiscal

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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Sin haberse enfrentado al juez, la situación del exalcalde de Vejer, Antonio Verdú (PSOE), ha cambiado radicalmente en cuanto a su implicación en el asunto que instruye un juzgado de Barbate por supuesta extorsión a un empresario hotelero. La Guardia Civil lo imputaba en su informe que envió al instructor a partir de la denuncia formulada por los responsables de un hotel de Vejer, pero el juez del nº 1 de Barbate ha acordado dejarlo fuera del caso a petición de la Fiscalía que no ve indicios consistentes para mantener una imputación contra el exregidor socialista.

Verdú estaba citado ayer en los juzgados barbateños junto a los otros tres implicados en esta investigación para declarar por primera vez ante el juez, pero al final la citación quedó aplazada para el 19 de diciembre ya que las partes no habían tenido acceso aún a las actuaciones tras levantarse el secreto de sumario. Además del exalcalde, la denuncia salpica al antiguo concejal de Obras Públicas, Francisco Javier Gavira, a otro exedil socialista y candidato a la Alcaldía en los últimos comicios municipales -Antonio Muñoz- y a un técnico municipal. Tanto a Gavira como al empleado del Ayuntamiento lo detuvo en su día la Guardia Civil, aunque quedaron en libertad en el mismo acto, por los delitos de cohecho y extorsión.

A finales de septiembre, LA VOZ destapaba el contenido de las diligencias que investiga el juzgado de Barbate y que concluyó en una primera fase con el arresto de Gavira y el técnico municipal y la imputación de Muñoz y Verdú.

El asunto nació de una denuncia que llegó a la Fiscalía de Cádiz de manos del concejal de IU en el Ayuntamiento vejeriego, José Antonio Bello. Una exempleada del Hotel V. asegura en ella que el Consistorio les concedió la licencia de apertura a cambio de que abonaran una serie de facturas que debía hacer frente el Consistorio por arreglos en dependencias municipales. Según la denunciante, los 27.962 euros que abonaron fue el precio para obtener de forma diligente el permiso municipal. Verdú fue imputado por su condición de máximo responsable del Consistorio.