El Gobierno claudica y recorta al 0,8% su previsión de crecimiento para 2011

Papel mojado. En eso han quedado las previsiones oficiales de crecimiento de la economía española para 2011 y, probablemente, también para años venideros, que tendrán que ser revisadas. En un ejercicio de realismo, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, admitió a cuatro días de las elecciones que la actividad registrará al cierre de este año un avance en torno al 0,8%, medio punto por debajo del 1,3% defendido hasta ahora. Y de paso reconoció que la reforma laboral no ha dado los resultados esperados.

Lo peor del nuevo pronóstico es que implica otro estancamiento del PIB, o cuando menos un incremento mínimo, en el último trimestre del año, tradicionalmente el de mayor consumo. Según explicó Campa, los datos de que dispone su departamento y la incertidumbre que rodea a la economía mundial hacen pensar que entre octubre y diciembre habrá «un crecimiento similar al que hemos tenido hasta ahora». Y en términos anuales será también «próximo a la tasa actual, el 0,8%».

El lugarteniente de Elena Salgado hizo estas manifestaciones tras explicar los motivos que llevaron a la parálisis de la economía en el tercer trimestre. El crecimiento intertrimestral fue nulo (0,0%, dos décimas menos que en abril-junio) y del 0,8% en la comparación interanual, confirmó el INE. Si esa tendencia se mantiene hasta el cierre del año, la variación final del PIB coincidirá con la estimada por el consenso de organismos y analistas -entre ellos la Comisión Europea, el FMI, la OCDE y entidades privadas como el BBVA-, que nunca dieron por bueno el pronóstico gubernamental y previeron un avance del 0,7% o 0,8%.

Estadística atribuye el frenazo del tercer trimestre al desplome del gasto de las administraciones públicas, que acentuó su caída seis décimas debido a las políticas de ajuste: la reducción de la remuneración de los asalariados públicos y el ahorro impuesto en las compras de bienes y servicios. Aun así, la contribución de la demanda nacional al crecimiento agregado mejoró. Fue cinco décimas menos negativa y marcó un desfase de 1,2 puntos. Ese cambio obedeció a la evolución más favorable del gasto en consumo de los hogares, que avanzó siete décimas y retornó a tasas positivas (0,4%) tras caer tres décimas el trimestre anterior. La mejora se produjo pese a que el principal recurso del sector para el gasto, los salarios, acentuaron su debacle. La inversión, por su parte, amortiguó su hundimiento un punto y tres décimas.

El sector exterior ejerció un trimestre más de salvavidas, aunque dio signos de no estar ya para demasiadas alegrías. La contribución de la demanda foránea al PIB se redujo cinco décimas, hasta 2 puntos porcentuales, por la desaceleración que de las exportaciones y el repunte positivo de las importaciones. Las ventas al exterior redujeron su expansión seis décimas respecto del trimestre anterior, hasta el 8,1% interanual, mientras las importaciones se recuperaron tras el parón de abril-junio y subieron un 0,8%.

Desplome del empleo

A la vista de esos datos, el Gobierno celebró que por primera vez desde 1998 la economía registró un superávit comercial trimestral. El importe de las exportaciones superó en 2.630 millones de euros al de las importaciones.

El empleo, medido en términos de contabilidad nacional -un puesto equivale a ocho horas de trabajo-, también refleja el desastre que, según los datos de la última EPA, sufre el 21,52% de la población activa. Acentuó ocho décimas su desplome anual, hasta el 1,9%, lo que equivale a la pérdida de casi 327.000 empleos a tiempo completo en los últimos doce meses. A escala agregada, la destrucción de empleo afecta a todas las ramas de la actividad, con especial incidencia en construcción, industria y servicios.

Aumentó, sin embargo, el número de horas trabajadas por los ocupados, circunstancia que José Manuel Campa atribuyó a que los empresarios utilizan a los trabajadores en plantilla «con más intensidad», a través de horas extraordinarias o a tiempo parcial, en vez de contratar nueva mano de obra. En opinión del secretario de Estado, ese fenómeno obedece a que «nuestra regulación laboral actual todavía no es capaz de hacer una reasignación del trabajo». La lucha contra el paro, resaltó, seguirá siendo un «objetivo prioritario».