El PP confía en que el caso no manche el prestigio de la Familia Real

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban GonzálezPons, espera que la investigación judicial sobre el Instituto Nóos, fundado por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, «no deje mancha en el prestigio» de la Familia Real.

El dirigente popular confió en que «no influya en absoluto» en el aprecio que tienen los españoles hacia la Monarquía. El portavoz del partido opositor expresó además su deseo de que «se aclare todo y no deje mancha en el prestigio ni del duque de Palma, ni de su familia», y que «la justicia llegue hasta el final, hasta donde tenga que llegar».

González Pons destacó asimismo que espera que «en España seamos, como somos, iguales ante la ley, con independencia del nombre que llevemos o de la familia a la que pertenezcamos».

Por su parte, el candidato de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, reclamó a su vez que la Justicia en este caso «tiene que ser igual para todos sin importar los apellidos».

Llamazares remarcó que la investigación sobre el duque de Palma «debe llegar hasta el final» y apuntó que a la vista de los acontecimientos la Casa Real «debería tomar medidas» para evitar que se repita este caso.

Sin presiones

El número dos de la lista de ERC por Barcelona al Congreso, Joan Tardà, reclamó al rey que no ejerza «presiones sobre la justicia» para proteger a al marido de su hija.

En su opinión, la «opacidad» y los «privilegios» que a su juicio tiene Familia Real son «un caldo de cultivo» para este tipo de prácticas. «Privilegios más opacidad es igual a corrupción aquí y en Tombuctú», subrayó Tardà en declaraciones a Europa Press.

Tras reconocer que la «presunción de inocencia es sagrada», el candidato republicano insistió en que ni el rey ni la opinión pública deben caer en la tentación de intentar influir en los jueces que investigan si el Instituto Nóos. «Si ha delinquido deberá pagar, pero si no lo ha hecho no, como todo el mundo», sostuvo el dirigente de Esquerra Republicana.

En cualquier caso, Tardà defendió que esta situación confirma la tesis de su partido sobre la necesidad de que el Parlamento pueda controlar las actividades financieras de la Familia Real, habida cuenta de que el rey recibe una asignación presupuestaria anual para el mantenimiento de la institución.