El exabogado de los Ruiz-Mateos colaborará con el Ministerio Fiscal

El abogado del fundador de Nueva Rumasa durante los últimos 30 años, Joaquín Yvancos, colaborará con el Ministerio Fiscal como testigo protegido dentro de la investigación abierta por la Audiencia Nacional contra la familia Ruiz-Mateos por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible en las emisiones de pagarés.

Según fuentes jurídicas, Yvancos se presentó ayer ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la Unidad de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid para prestar su colaboración en la investigación y entregar toda la documentación que obra en su poder.

El Ministerio Fiscal ha aceptado concederle el estatus de testigo protegido dentro de la causa, según las mismas fuentes. De esta forma, Yvancos colaborará con la Justicia y su nombre no aparecerá en el sumario, sin contar con los documentos que ya obran en la causa pertenecientes a su etapa como letrado de José María Ruiz-Mateos.

Según las fuentes, Yvancos se ha decidido a dar este paso a raíz de «ciertos sucesos» que se están produciendo en el entorno de la familia Ruiz-Mateos y el nuevo propietario de Nueva Rumasa, el empresario valenciano Ángel de Cabo.

El actual propietario de Nueva Rumasa y también último dueño de Viajes Marsans está citado a declarar como testigo ante la Audiencia Nacional el próximo 21 de noviembre para explicar la compra del grupo empresarial.

Ésta será una de las pocas ocasiones en las que el empresario se muestre en público, ya que en la mayoría de sus operaciones está representado por su 'mano derecha', Iván Losada Castell, o sus empleados Fernando Lavernia y José Vicente Semper.

De hecho, el que fuera director de los servicios jurídicos de Nueva Rumasa abandonó la defensa del patriarca de los Ruiz-Mateos a mediados de septiembre por las discrepancias surgidas con sus hijos y De Cabo por la gestión de las sociedades del grupo, así como por la estrategia jurídica de defensa.

El empresario valenciano adquirió el 9 de septiembre 19 sociedades de Nueva Rumasa pagando un euro por cada una de ellas y asumiendo una deuda de cerca de 1.500 millones de euros. De Cabo no firmó ninguno de los documentos, según la documentación a la que tuvo acceso Europa Press.

El exletrado de Ruiz-Mateos acumula 10 imputaciones penales en distintos juzgados españoles por cuestiones relacionadas con Nueva Rumasa. La pasada semana, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid condenó a Yvancos a dos años de cárcel por fraude fiscal en una de las sociedades del grupo junto a dos hijos de Ruiz-Mateos, que fueron condenados a un año.

Por otro lado, el que fuera letrado de Nueva Rumasa se mantendrá como acusación particular dentro de la causa abierta por la Audiencia Nacional. Yvancos representa a su suegro y a un amigo de éste, que perdieron cerca de 120.000 euros invertidos en pagarés.

Sin facultades en Trapa

De otro lado, el Juzgado Número 1 de Palencia, especializado en derecho mercantil, ha suspendido las facultades y atribuciones de los anteriores administradores de la empresa Trapa, en concurso de acreedores, así como del Grupo Back In Business de Ángel de Cabo.

El juez estima en el auto la petición formulada por los administradores concursales de las sociedades que conforman Trapa, y a partir de ahora podrán gestionar la empresa chocolatera instalada en Dueñas (Palencia) y disponer de sus bienes.

Los administradores concursales gestionarán sin oposición las sociedades Brookfield Promociones 21 SL, Soluciones Comerciales Trapa y Productora de Chocolates SL, tres sociedades que conforman Trapa, aunque la administración concursal ha solicitado al juzgado que también se incluya en esta decisión a la cuarta sociedad que forma parte de la chocolatera: Mitelman SL.

El juez ha tenido en cuenta las argumentaciones presentadas ante el juez por los administradores concursales, como el hecho de que existía una «opacidad y desconocimiento» sobre quiénes son los dueños reales de las empresas en concurso, y una serie de sociedades interpuestas domiciliadas en Belice, país centroamericano, lo que a juicio de éstos «difuminan la identidad de los verdaderos propietarios de las empresas».