Detienen a Dávila Ouviña por el fraude de 14,5 millones del Plan Bahía Competitiva

El supuesto fraude en las ayudas del Plan Bahía Competitiva, que tanta polvareda levantó el pasado mes de julio y que provocó alguna consecuencia política -el gerente, Antonio Perales, fue cesado del cargo tras darse a conocer el pufo-, ha comenzado a tener también consecuencias judiciales con la detención el pasado jueves del empresario gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña, administrador de las tres empresas a las que el Ministerio de Industria reclamaba 14,5 millones de euros en subvenciones porque supuestamente no se llegaron a invertir en la Bahía. Las tres compañías eran Cádiz Solar Center, Soluciones Tecnológicas Ambientales y Aquandalucía, aunque Ouviño participaba en al menos otras 17 firmas afincadas en la provincia.

El ministerio intentó contactar en diversas ocasiones con el empresario para exigirle la devolución el dinero. Pero todo sin éxito, ya que las empresas tenían su domicilio social en direcciones gaditanas y Dávila Ouviña, en cambio, vivía en su ciudad natal: A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde ni siquiera se ocultaba. De hecho, la Policía Nacional lo ha detenido en dicha localidad, donde se desplegó un espectacular dispositivo para el arresto y los registros de su vivienda y uno de los despachos, en la calle Carlos Montenegro. En estos registros, se ha decomisado diversa documentación y material informático, según informaba ayer el periódico La Voz de Galicia.

Además de Ouviña, han sido detenidas al menos otras cinco personas, según el mismo periódico: tres de ellas, en A Pobra y otras tres en otros municipios de la comarca de El Barbanza. Otros medios regionales, como la Televisión Gallega, hablaban en cambio de ocho imputados, citando a fuentes policiales. En la Dirección General de la Policía, a preguntas de La Voz, no pudieron aclarar ninguno de los dos extremos, ni aclararon otros detalles de la investigación, que está siendo llevada a cabo por agentes de la Udyco Central en Madrid, en colaboración de la Udyco de Sevilla, de donde parte la denuncia de la Junta de Andalucía por las presuntas irregularidades.

A disposición judicial

Los detenidos, en todo caso, pasarán a disposición judicial hoy en los juzgados de instrucción de Ribeira, donde se decidirá sobre su situación. Aparte de Dávila Ouviña, no ha trascendido el nombre del resto de arrestados, ya que el caso está bajo secreto de sumario. No obstante, en la comarca vive uno de los íntimos socios del empresario que llegó a formar parte de los consejos de las empresas investigadas: Agustín Bobo.

Estos consejos de administración vivieron sin embargo una sucesión de repentinos cambios durante el corto periodo de existencia de las empresas, en los meses previos a que el escándalo se hiciera público. Por ejemplo, al frente de Cádiz Solar Center estaban Juan de Arespacochaga y Benito Alberto Domínguez, pero cesaron para dejar como único responsable a Agustín Bobo, a finales de mayo. Soluciones Tecnológicas Ambientales S. L. también sufrió cambios en las últimas semana: Fernando Arespacochaga cesó y fue nombrado Dávila Ouviña como único administrador. También asumió este puesto en Aquandalucia S. L. en sustitución de Agustín Bobo. Y en la misma fecha, Ouviño ocupó su lugar en Cádiz Solar Center. Todos los movimientos se produjeron justo después de que la Junta detectara el presunto fraude y lo denunciara ante la Fiscalía y el Banco de España.

La Policía considera a Dávila Ouviña como el cabecilla de la presunta estafa, por desviar supuestamente 14,5 millones de euros en ayudas que fueron otorgadas por el Ministerio de Industria en 2010 para la creación de empresas. El empresario logró las subvenciones a través del Plan Bahía Competitiva que la Junta de Andalucía puso en marcha en 2007 con fondos estatales, tras el polémico cierre de la planta de Delphi en Puerto Real. El objetivo de aquel programa, que se ha suprimido este mismo año, era subsanar la grave herida que causó la marcha de la empresa americana de automoción, y recolocar a buena parte de los 1.600 extrabajadores que quedaron en la calle en nuevas empresas con proyectos innovadores, muchos de ellos basados en las energías sostenibles y desarrollo sostenible. Así, por ejemplo, las iniciativas que presentó Ouviña se dirigían a la construcción de acumuladores eficientes -Cádiz Solar-, a la reutilización de los restos del sector pesquero -Aquandalucía-, y la monitorización de la calidad del agua -Soluciones Tecnológicas Ambientales-.

Solo la última de estas tres compañías por las que el gallego recibió el dinero llegó a establecerse, con una oficina en el polígonos de Las Salinas de El Puerto, pero apenas tuvo actividad durante unos meses. Además, se llegaron a producir retrasos en los pagos de las nóminas a los empleados, de los cuales, algunos procedían de Galicia, a pesar de que las ayudas iban destinadas a generar empleos en la provincia gaditana. Industria, en todo caso, considera que los 14,5 concedidos no se destinaron a lo que se establecía en las condiciones de las subvenciones, por lo que cabe preguntarse en qué se invirtió el dinero.

El polígono de Alcalá

En el mismo periodo, Ouviña estuvo involucrado en la compra del polígono industrial La Palmosilla II, en la localidad de Alcalá de los Gazules (unos 150.000 metros cuadrados) donde tenía previsto instalar parte de las veinte empresas con las que estaba vinculadas. Una operación para la que fue de la mano del exgerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, que lo presentó al antiguo equipo de Gobierno municipal del PSOE en Alcalá. En declaraciones recientes a LA VOZ, tras su cese como exgerente, Antonio Perales confesó que «confió y creyó» en los proyectos que trajo bajo el brazo Alejandro Dávila Ouviña. Cabe recordar que la Junta prescindió de la exigencia de avales a los empresarios que solicitaban las ayudas del Plan Bahía de Competitiva, supuestamente. Sin duda, esto permitió que accediera a ellas Dávila Ouviña, cuyo currículum empresarial en Galicia estaba lleno de proyectos de dudosa solvencia.