El fraude en la comunidad de regantes estará en manos de la Fiscalía la próxima semana

La actual junta de gobierno de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín no va a dilatar más la denuncia ante los tribunales del fraude que, en su opinión, se ha cometido en el marco del largo proceso de las obras de modernización de esta zona que abarca unas 12.000 hectáreas de la provincia.

Por eso, según ha podido saber este medio, los actuales gestores de esta comunidad que agrupa y defiende los intereses de alrededor de 2.400 comuneros ya han decidido que será la próxima semana cuando pongan en manos de la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, toda la documentación recabada durante la elaboración de la auditoría interna en la que no solo han detectado que se han desviado más de dos millones de euros del pago de tasas de agua al abono de las obras de modernización, sino sobre todo «el cúmulo de malas decisiones y despropósitos que han rodeado a este proyecto y que han provocado que ahora haya un sobrecoste de 18,5 millones que los agricultores nunca aprobaron y por el que deben responder los responsables».

En este sentido, desde la junta de gobierno de este colectivo que hace poco vivió un complicado relevo en la gestión se ha dejado ya muy claro que quién está en el punto de mira por este perjuicio millonario a los agricultores de la zona es la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que era la promotora de las obras que realizó la constructora Sacyr y que «debía haber velado por evitar que el proyecto inicial se desmadrara y por poner cordura en unas obras de gran envergadura como éstas que se han alargado durante varios años».

No en vano, desde la comunidad de regantes ya dejaron claro el pasado miércoles cuando hicieron público el resultado de su auditoría interna que entienden que Seiasa ha incurrido en «dejación de funciones», dejando «desprotegidos» a los comuneros, toda vez que «ha permitido que no se ejecute la obra en su totalidad, la instalación de materiales de una calidad no adecuada y que se acepten modificaciones no justificadas técnicamente que no mejoran la eficiencia del riego».

Además, la organización de agricultores advierte de que la sociedad estatal ha permitido también la instalación de infraestructuras «fuera de la zona regable», con su consiguiente ampliación y sin autorización administrativa.

Como ha podido saber este medio, los nuevos gestores de la comunidad han contactado con las administraciones competentes para informarles de la situación, en particular con los dirigentes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Pero las gestiones no han dado ningún fruto y por ese motivo ya están ultimando la documentación para acudir a la vía de los tribunales.