La familia Ruiz-Mateos no ha depositado aún la fianza de 30 millones de euros

El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones tenían finalmente de plazo hasta ayer para depositar la fianza de 30 millones de euros que les impuso el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, dentro de la causa abierta contra ellos por presunta estafa e insolvencia punible.

Sin embargo, según fuentes jurídicas consultadas, al cierre de esta edición la familia no había depositado el dinero ni prevé hacerlo dada la elevada cantidad requerida, lo que obligará al juez a dictar el embargo de bienes a los imputados para cubrir su responsabilidad civil ante las pérdidas sufridas por los inversores en pagarés del grupo.

Este embargo se sumaría al decretado en septiembre por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada al patriarca de la familia y a dos de sus hijos por importe de 618,26 millones de euros para cubrir el agujero patrimonial que soporta el fabricante de postres Dhul.

Por el momento, las mismas fuentes apuntan a que en caso de que se declaren insolventes, las acusaciones particulares pedirán el rastreo y repatriación de los fondos que tienen depositados en paraísos fiscales, cuestión que ya investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Las investigaciones apuntan a que tanto las propiedades inmobiliarias de los Ruiz-Mateos como las sociedades del grupo están a nombre de terceras personas o de sociedades instrumentales.

Las cerca de 25 acusaciones particulares estudiarán también pedir prisión provisional para los hijos de Ruiz-Mateos y de su sobrino Zoilo Pazos, también imputado, por un posible riesgo de fuga o para impedir que hagan uso del dinero.

El pasado 18 de octubre, el juez ya rechazó la solicitud de celebrar una vista para decidir el ingreso en la cárcel del fundador de Nueva Rumasa, durante su declaración como imputado ante Ruz.

Autorizan la venta de Dhul

De otro lado, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha autorizado la solicitud de la administración concursal de Dhul para poner en marcha el proceso de venta del conjunto de activos y de pasivos asociados a su fábrica de Granada, según fuentes jurídicas. El auto dictado recoge que el calendario previsto por la administración concursal prevé que la venta se cierre en un plazo de 90 días.

El documento legal fundamenta que la venta de la fábrica «resulta de evidente interés» dadas las circunstancias del mercado y que además es necesaria «porque la alternativa a esta enajenación, en la actual situación, sería el cese de actividad y el cierre de la unidad productiva».