El caso Blanco y el paro desbocado dan la puntilla a la campaña de Rubalcaba

Más difícil todavía. Los socialistas ya estaban obligados a hacer un esfuerzo ímprobo para mantener la moral alta, pero la noticia de que una juez de Lugo elevó al Tribunal Supremo el caso en el que se involucra a José Blanco en el cobro de comisiones ilegales cayó como un mazazo en la sede del PSOE. Justo en los prolegómenos del arranque de la campaña y como remate para una jornada que ya había amanecido con una pésima noticia: el paro registrado en octubre retrotrae a España al principio de la crisis.

La situación no podría ser más adversa para Alfredo Pérez Rubalcaba. Apenas ha empezado la cuenta atrás para la cita con las urnas del 20 de noviembre y la estrategia que con tanto esfuerzo intentaba desarrollar el equipo del candidato para recuperar la confianza de sus descreídos y deprimidos votantes ya parece un coladero.

Blanco insiste en su inocencia e incluso sostiene que a la larga la decisión de la magistrada Estela San José podría beneficiarle porque pondrá fin a «la situación de indefensión» en la que dice encontrarse. El ministro fue señalado por el empresario gallego Jorge Dorribo, pero no tiene posibilidad de saber qué alega exactamente el imputado por corrupción en el sumario bajo secreto de la 'operación Campeón'. El dirigente socialista mostró su alivio desde Lugo, aunque también expresó su extrañeza por el momento elegido por la magistrada.

Misil electoral

En el corto plazo, la llegada del caso al alto tribunal es un misil a la línea de flotación del maltrecho barco socialista. «El daño -admiten en el entorno del vicesecretario general del PSOE- ya está hecho». Aunque la actuación judicial no prejuzgue nada, ha dado munición extra a un Mariano Rajoy para el que las encuestas ya vaticinan una contundente victoria.

El presidente del PP seguirá fiel a su hoja de ruta y dedicará el grueso de sus intervenciones a la economía y a la creación de empleo. Pero dejará que sus más estrechos colaboradores retengan la presa.

El responsable del área de Justicia, Federico Trillo, ya alegó ayer que «la doctrina del Supremo exige que existan indicios de criminalidad para que le remitan un asunto». Y Soraya Saénz de Santamaría, número dos al Congreso por Madrid, reclamó «el cese inmediato» del también ministro de Fomento.

Esa posibilidad está prácticamente descartada. José Blanco no tiene intención de «quitarse de en medio». «¿Por qué motivo? -esgrimen en su entorno-. No sabemos con qué pruebas se le acusa de nada». Incluso en el peor de los escenarios, cree estar en condiciones de defender su inocencia.

Pero esa convicción servía ayer de poco consuelo en el PSOE. Si una exclamación se repitió en Ferraz fue un elocuente. «¡Lo que nos faltaba!». Nadie en el equipo electoral esperaba una noticia semejante a pocas horas de la tradicional -y virtual- pegada de carteles.

Resulta sintomático que a la hora de buscar una reacción oficial, el PSOE remitiera al Ministerio de Fomento, como si el asunto solo afectara a Blanco en su faceta de ministro y no en la de número dos del partido. Un número dos que, de hecho, se significó pidiendo responsabilidades políticas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por el 'caso de los trajes'. Durante meses se pensó que el líder de los populares valencianos se sentaría en el banquillo en plena contienda electoral. Ahora es Blanco quien está en el punto de mira de los tribunales.

Con todo, el gran enemigo del PSOE en esta campaña que ya empieza a parecer la crónica de una derrota anunciada no es el empresario Dorribo, sino la cifra del paro y la inestabilidad económica que sacude la zona euro y lastra las posibilidades de recuperación. Casi cinco millones de desempleados, según la EPA del tercer trimestre, y el peor octubre en tres años, según los datos del paro registrado.

Mayoría segura

No es, desde luego, el escenario que había previsto Zapatero cuando el pasado julio decidió adelantar las elecciones. Y, probablemente, tampoco el que esperaba Rajoy que, para bien o para mal, ya tiene la campaña hecha. Lo único que está en liza en los días que restan hasta el 20-N es, según los asesores de Rajoy, qué tipo de mayoría logra el PP, amplía o absoluta.

El PP planteó las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo como un plebiscito sobre la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero y logró un resultado histórico, con triunfos en feudos socialistas como Extremadura o Castilla-La Mancha. Pero Rajoy cree que ahora hay que evitar presentar estos comicios como un «enfrentamiento entre partidos» y que es preciso trasladar la idea de que estamos ante la decisión más «trascendental» que han tenido que tomar los españoles en los últimos años.

Sabe que a la vuelta de la esquina tendrá que gestionar una situación terriblemente compleja y, además, hurgar en la herida que gangrena al socialismo podría enturbiar el masivo trasvase de votos del PSOE al PP que puede resultar crucial para obtener una victoria contundente que legitime sus, sin duda, duras actuaciones futuras.