Austeridad primero

El estancamiento de la economía española en el tercer trimestre del año, revelado por el Banco de España a la espera de los datos que aporte el INE, confirma que los supuestos de un retraimiento que habría tocado fondo se basaban en una visión lineal y optimista de la recuperación que no ha podido resistir los sucesivos embates de la crisis y la inestabilidad de los mercados. El BE atribuye el descorazonador balance del PIB durante los meses de verano al imparable declive del sector de la construcción y a los recortes en el gasto y en la inversión públicos. Son también los dos factores aducidos para explicar el incremento del desempleo detectado por la EPA. Lo cual sitúa al Gobierno central y a las demás administraciones ante una doble disyuntiva imposible de afrontar con una mínima certeza. En cuanto a la primera de las causas señaladas cabe descartar que las instituciones públicas puedan siquiera paliar los números rojos que se acumulan en la construcción cuando la presumible exposición a los riesgos de la deuda inmobiliaria extiende un manto de sospecha sobre la solvencia de las entidades financieras españolas y de nuestra economía en su conjunto. En cuanto a las contraindicaciones de la política de austeridad es evidente que los compromisos de consolidación fiscal llevan consigo una contención a la baja del empleo dependiente de las instituciones y una reducción general de la contratación, de modo que al gastar menos también disminuye el retorno tributario que generan los presupuestos limitando, a su vez, la obligada reducción del déficit. Esta última paradoja, señalada además por la institución nacional -el Banco de España- que con mayor antelación comenzó a insistir sobre la necesidad de ajustar las cuentas públicas, plantea el interrogante fundamental que deben despejar quienes aspiran a gobernar tras los comicios del 20 de noviembre. ¿Es posible compensar el sacrificio con unos mínimos de inversión productiva y gasto social? Un interrogante que está aflorando estos días a cuenta de la disímil actitud de los ejecutivos autonómicos a la hora de proyectar sus respectivos presupuestos. Ayer la OCDE presentó la cuestión como una contrariedad coyuntural. Por ahora la consolidación fiscal sigue siendo la condición de partida para que pueda reactivarse la política presupuestaria.