Obligada prudencia

Los poderes públicos no deben sentirse emplazados por los términos en los que ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista, ni los partidos políticos deben dejarse llevar por las urgencias electorales para dar la sensación de que son capaces de tomar la iniciativa en un terreno tan resbaladizo como el de los etarras presos. El criterio, por otra parte razonable, de posponer cualquier decisión al respecto al previo escrutinio del 20 de noviembre y a la constitución del próximo Gobierno puede estar transmitiendo la idea errónea de que se trata de una mera cuestión de oportunidad, y que será entonces cuando el Estado atienda cuantas demandas se planteen en la materia. Mientras tanto va ampliándose la panoplia de medidas propuestas, desde el acercamiento inmediato de los reclusos enfermos hasta la amnistía contemplada en el llamado 'Acuerdo de Gernika'. Conviene fijarse con atención en la lógica que siguen tanto la banda terrorista como la izquierda abertzale, basada en que una vez declarado el cese definitivo del terrorismo los presos de ETA no tienen más que esperar, dando a entender que la decisión etarra eximiría a sus reclusos tanto de culpas pasadas como de responsabilidades futuras. Los presos no tendrían que pronunciarse críticamente sobre su propia trayectoria, ni asumir el daño causado, y mucho menos pedir perdón o arrepentirse a título individual. Ni siquiera tendrían que solicitar formalmente beneficios penitenciarios porque su dignidad quedaría preservada en la denominada «mesa técnica» del pretendido diálogo entre la banda y el Gobierno. Se trata de una lógica perversa que se filtra con facilidad entre los intersticios de la política apresurada y temerosa ante las perspectivas electorales de Amaiur que se está practicando en Euskadi. Por eso las instituciones y las formaciones democráticas deberían referirse más al Derecho y a la Justicia evitando alimentar, con medias palabras o con silencios, la idea de que todo será posible tras el 20N. Porque no todo es posible en democracia; no es posible eludir la responsabilidad penal contraída con la comisión de delitos tan execrables, ni es posible aplicar medidas de gracia políticas y colectivas a condenas en firme.