Rajoy promoverá una nueva ley de estabilidad presupuestaria

Mariano Rajoy, consciente de que el viento sopla a favor del Partido Popular, desglosó ante los 400 directivos del Instituto de la Empresa Familiar la hoja de ruta que seguirá si el 20-N los ciudadanos respaldan su proyecto. De hecho, Rajoy dejó claro que su alocución no correspondía a su condición de líder de la oposición, sino al político que, previsiblemente, estará en el Palacio de la Moncloa. Por eso enumeró una serie de medidas para aplicar sobre «lo urgente y necesario».

Una de las más importantes no tardará en llegar. Rajoy se comprometió a presentar en los cien primeros días de su mandato una nueva ley de Estabilidad Presupuestaria que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 30 de junio.

Consciente del poder que tiene su partido en todos los ámbitos administrativos, el candidato a la presidencia del Gobierno propuso un pacto «que ponga fin a duplicidades y solapamientos entre administraciones». Este acuerdo es muy factible considerando la implantación de los populares en ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones. Y ante la pregunta de quién debe prestar el servicio a los ciudadanos, Rajoy fue claro: «la Administración que sea más eficaz, pero solo una».

También planteó la reforma de las administraciones para evitar gastos superfluos e innecesarios. Asimismo, se pronunció en contra de la subida de impuestos «porque esto supondría aumentar la depresión que hoy padece nuestra economía». Para el PP el crecimiento de los ingresos en el sector público tiene que llegar por el aumento de las bases contributivas y no de los tipos impositivos. Si las administraciones equilibran sus déficits, fluirá el crédito y mejorará la inversión y el consumo. Y así llegará el desarrollo para las empresas y las familias, lo que conllevará que los emprendedores puedan arriesgarse con más facilidad. Después de esta argumentación, Mariano Rajoy admitió que esto puede parecer una especie de «cuento de la lechera». Pero recordó que fue la fórmula aplicada por el Gobierno de José María Aznar en 1996 en España, cuya economía alcanzó la «velocidad de crucero» un año y medio más tarde. Sobre el papel de las administraciones, el candidato popular defendió hacer «más con menos» en referencia al obligado adelgazamiento al que deben estar sometidas las instituciones.

¿Reducción de funcionarios?

Ante un auditorio que llevaba reclamando durante dos jornadas una mayor agilidad en la Administración y la reducción de trámites administrativos para crear una empresa, no fue difícil defender la eliminación de alguna de las 4.000 entidades en el sector público y fundacional. Tras asegurar que el gasto en personal eventual ha crecido en casi un 50% desde que gobierna el Partido Socialista, Rajoy manifestó que «si el Estado ha podido funcionar con menos, habrá que volver a hacerlo y habrá que hacerlo mejor». Añadió que la reducción del gasto es una obligación. Y entre las actuaciones inminentes el presidente nacional del PP propuso una Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública. Por último, estimó necesaria la independencia y profesionalidad del Banco de España y los organismos reguladores para reducir su número y cambiar el sistema de nombramientos.

Sobre la negociación colectiva, Rajoy propugnó la adaptación de los salarios a la realidad de las empresas. Recordó que en 2009 se destruyeron casi un millón de empleos con un crecimiento salarial pactado del 3% cuando el IPC bajó. La deuda española también fue otro de los temas analizados ante la cumbre europea: «Lo que más me preocupa -comentó- es que la deuda pública española quede estigmatizada como consecuencia de los acuerdos de esa reunión».