El Gobierno archiva su plan de acercar presos como respuesta al cese de ETA

Se quedarán en el cajón, al menos de momento. Alfredo Pérez Rubalcaba lo había dejado casi todo diseñado al milímetro cuando el pasado julio se marchó del Ministerio del Interior, tenía varias 'hojas de ruta' con diferentes posibilidades «graduadas» de «acercamiento selectivo» de presos de ETA como respuesta al «cese definitivo» de la violencia terrorista. Un programa pautado, que llegó a esbozarse en varios documentos de trabajo, que contemplaba diversos escenarios y que no se aplicará porque el Gobierno considera que hacer cualquier movimiento carcelario ahora sería una «hipoteca injusta» al futuro Ejecutivo, que será el que tenga que regular los pasos en las prisiones, si esa es su voluntad. Eso sí, el Gobierno que salga de las urnas el 20-N heredará ese pormenorizado análisis penitenciario, según informaron fuentes conocedoras del proceso.

Los planes de Rubalcaba, que someramente fueron explicados a José Luis Rodríguez Zapatero, tenían el visto bueno de los técnicos de Instituciones Penitenciarias y ya habían sido asumidos como propios por el nuevo titular de Interior, Antonio Camacho. El propio Rubalcaba, que desde su llegada al Gobierno en 2006 había diseñado en persona la política penitenciaria para avivar la disensión dentro del 'frente de makos', se había encargado también de fijar en persona los movimientos.

Ese programa, no obstante, no suponía en ningún caso el final definitivo de la política de dispersión ni el agrupamiento masivo de presos en centros del País Vasco y Navarra, explicaron estas mismas fuentes. Los expertos de Interior ya habían advertido que creían «poco recomendable» y «muy complejo técnicamente por cuestiones de seguridad» concentrar a todos los reclusos en un puñado reducido de prisiones.

El boceto que no verá la luz se basaba, al menos en sus primeros escalones, en «acercamientos selectivos» a cárceles más próximas a la cornisa cantábrica y en varios casos a centros de Euskadi. Iba a ser un goteo de traslados, «siempre individualizados aunque numerosos», sin que en ningún momento se hiciera un acercamiento masivo de una sola tacada, al estilo del que hizo Jaime Mayor Oreja en 1998, cuando movió más de un centenar de presos de ETA.

Sobre la mesa ya había tres colectivos a los que Interior consideraba como más proclives a beneficiarse de estos movimientos: el grupo de presos de ETA que tienen enfermedades reconocidas (en la actualidad ya hay once reclusos terroristas en la calle por enfermedades graves sin cumplir su condena); algunos de los 52 reclusos a los que se les ha alargado su condena por la aplicación de la 'doctrina Parot' y que se encuentran en los últimos años de su pena; y, sobre todo, una parte de los 181 internos clasificados ya en 'régimen ordinario' penitenciario por quedarles pocos años de cumplimiento, tener condenas de menos de diez años -miembros de la 'kale borroka' fundamentalmente- o haber mostrado signos de haber roto con la disciplina de la banda.

Los borradores poco o nada tenían previsto hacer con los presos más radicales, con delitos de sangre y de recientes condenas. Al máximo, según se consolidara el abandono de las armas, Instituciones Penitenciarias tenía idea de estudiar acercamientos, sin llegar a centros del País Vasco y Navarra, pero siempre al norte de Madrid.

De haberse producido el anuncio del fin de la violencia varios meses antes y de no haber mediado el adelanto electoral, el Gobierno tenía previsto informar al PP de esos movimientos, aunque desde el Ejecutivo se tenía la firme convicción de hacer estos acercamientos. Estos movimientos son, en realidad, casi el único margen de maniobra de Interior dentro de la política penitencia, ya que el resto de cuestiones -especialmente las excarcelaciones- están estrictamente tasadas por ley o en manos de los jueces.

Sin excarcelar

En esas hojas de ruta no se contemplaban, por tanto, excarcelaciones, más allá de las que se hacen desde hace meses con la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que faculta a Instituciones Penitenciarias, con el visto bueno de un juez, a aplicar la «medida excepcional» de dejar salir a la calle de lunes a viernes a un interno terrorista, siempre que éste haya cumplido con las cuatro condiciones que fija la reforma del Código Penal de 2003: ruptura con ETA, petición de perdón, colaborar con la justicia y afrontar las indemnizaciones. Hasta ahora, a pesar de que son casi medio centenar los presos de ETA que han firmado la famosa carta, solo diez han pisado la calle.

Cualquier otro beneficio «no individualizado» o que afectara a terroristas que no hayan renegado de ETA, sino media reforma del Código Penal, sería «ilegal», según los informes que habían recabado por Interior para elaborar esos planes de actuación ahora archivados.