Los 'niños robados' piden agilizar las pruebas de ADN

Las pruebas genéticas son fundamentales para cotejar la identidad de las víctimas de la trama de los bebés robados. Hasta ahora, si una familia afectada quería realizar los análisis de ADN tenía dos opciones: acudir a una clínica privada y costearse el examen o beneficiarse del protocolo creado por el Ministerio de Justicia para estos casos.

Esta última opción requiere como condición previa la presentación de una denuncia. Es decir, poner en conocimiento de fiscales y policías los hechos supuestamente delictivos y, en último término, conseguir la autorización del juez si este ha admitido la denuncia.

Lejos de ayudar, este trámite legal «ralentiza» sobremanera la búsqueda de los bebés robados, según denuncia ahora la 'Plataforma de afectados de clínicas de toda España'. En un escrito remitido al Ministerio de Justicia, esta organización señala que se está perdiendo un «tiempo de oro» por culpa de este procedimiento, al que acuden muchos afectados por la imposibilidad de utilizar los servicios de la clínica privada.

«Es un grave error que hasta la fecha el Estado obligue a las familias a interponer una denuncia y por tanto buscar culpables para tener el derecho a la realización de las pruebas de ADN, y por tanto estar sujetos a que los jueces así lo acrediten», señala el informe firmado por la coordinadora Mar Soriano.

Por ello, la plataforma emplaza al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y al resto de órganos competentes a gestionar de manera «inmediata y prioritaria» la realización de estas pruebas sin autorización judicial previa, como si se tratara de un «derecho obligado» para las víctimas de esta trama que actuó en clínicas de toda España entre los años 50 y 90.

De la misma forma, reclama la colaboración del Ministerio Público para que interceda en favor de las investigaciones y agilice los procesos con los análisis genéticos. Y es que muchas de las denuncias se archivan por falta de documentación o ante la «imposibilidad de acreditarse por pruebas de ADN la certeza del fallecimiento», asegura el escrito.

Parálisis

Los familiares de bebés robados también recuerdan a Justicia la necesidad de iniciar una investigación generalizada desde los órganos jurídicos competentes, «lo que daría a la familia y a la sociedad en general la información necesaria de esclarecimiento contundente de los hechos que se reivindican».

Además, piden al coordinador del Ministerio para este asunto, el fiscal Ángel Núñez, la presencia de más documentalistas especializados que permitan esclarecer los datos registrados en los libros hospitalarios sobre fallecidos y nacidos. Recuerdan que existen casos puntuales de bebés sustraídos por estas tramas organizadas que constan como nacidos y que están en esos partes. Sin embargo, no se puede acceder a ellos por no figurar legalmente como familiar, según protege la Ley de Protección de Datos.

Estas quejas llegan ahora ante la «parálisis» institucional que ha provocado el adelanto electoral. La disolución de las Cortes ha metido en un baúl buena parte de las medidas que pactaron en febrero pasado los grupos parlamentaros de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Entre otras, un informe de actividades del coordinador Ángel Núñez o una nueva intervención de las asociaciones de bebés robados en la Cámara Baja.

En cualquier caso, las víctimas piden ayuda al ministro Francisco Caamaño para que les facilite un mayor «apoyo institucional». Consideran imprescindible que la Fiscalía General se coordine con el Gobierno y otros organismos nacionales e internacionales que trabajan en el marco de los derechos humanos, «justificando la no prescripción de los delitos». Un argumento que usan muchos jueces para archivar las denuncias.