Plan patronal

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, presentó ayer las «propuestas para superar la crisis» en las que su patronal coincide con la Cepyme de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre después de que algunas de sus organizaciones territoriales, en especial la patronal madrileña CEIM, avanzaran buena parte de su contenido. La iniciativa resulta oportuna y esclarecedora porque, además de su remisión formal a los partidos que concurren a los comicios, permite a la opinión pública y a los interlocutores sociales conocer las intenciones actualizadas de los empresarios después de un largo período de encuentros y desencuentros en el marco del diálogo social. Los representantes de los empresarios subrayan la necesidad de que las administraciones prioricen el equilibrio presupuestario ajustando su gasto corriente y su propia dimensión estructural, para evitar así que se vea afectada la inversión pública productiva, y rechazando de plano que se equilibren las cuentas del Estado por la vía de los ingresos tributarios. Es más, ambas patronales coinciden en proponer una rebaja sustancial de las cotizaciones a la Seguridad Social, así como del impuesto de sociedades y de los gravámenes sobre el ahorro, sugiriendo al tiempo moderar la demanda de servicios públicos a través del 'copago', aunque no mencionen dicho concepto. Planteamientos todos ellos que están en el debate público. Pero es en el capítulo referido a la contratación laboral y a la negociación colectiva en el que los empresarios proponen modificaciones más drásticas, como la rebaja de 45 a 20 días por año de la indemnización por despido improcedente y de 20 a 12 del procedente. La pregunta que ayer quedó en el aire es si la CEOE alberga la intención de volver con sus alternativas al encuentro con los sindicatos, o ha ideado sus propuestas en el convencimiento de que la etapa del diálogo social dio de sí todo lo que podía dar y que para que las reformas propuestas no se desvirtúen hasta volverse ineficaces han de ser aplicadas por la vía directa del decreto-ley y de su convalidación parlamentaria. Claro que tal disyuntiva no solo apunta a la patronal sino que apela también a la responsabilidad de las organizaciones sindicales.