Mediación sesgada

La 'Conferencia internacional para la resolución del conflicto del País Vasco' realizó ayer un llamamiento obligado para que ETA anuncie el cese definitivo de la actividad armada, presentándolo como paso previo a que «los gobiernos de España y Francia» se avengan a establecer un diálogo con la banda terrorista «exclusivamente sobre las consecuencias del conflicto». Es muy probable que la iniciativa contribuya al irreversible final de la amenaza terrorista. Pero el modo en que se produzca su desaparición no será inocuo para la convivencia, la libertad y el futuro de los valores democráticos en el País Vasco. Por eso es necesario señalar que la petición dirigida a la banda por parte de los 'facilitadores' internacionales quedó ayer por debajo de la clamorosa exigencia con la que tanto la sociedad como las instituciones democráticas vienen reclamando la disolución expresa de la trama etarra. Los autores de la declaración parecen dar por supuesto que la conversión de la tregua en definitiva sería un paso previo a la posterior desaparición de ETA, exigencia esta última que la banda no aceptaría de entrada. Lo cual permite vaticinar que, en un próximo comunicado, ETA podría ceñirse al primer punto del texto en cuanto al «cese definitivo de la actividad armada» para, a partir de ahí, emplazar desde sus consideraciones y reclamaciones la incorporación de los «estados español y francés» al diálogo avalado por la conferencia de Aiete. Los mediadores internacionales decidieron comprometer a los gobiernos español y francés instándoles a «iniciar conversaciones» con la banda sobre las «consecuencias del conflicto». Un eufemismo que diluye las responsabilidades contraídas por los victimarios como si fueran los efectos involuntarios de un conflicto generalizado, obviando la existencia de un sistema de Justicia como garante de que ni la impunidad ni la arbitrariedad tengan lugar en democracia. Kofi Annan y los demás 'facilitadores' podían haber evitado la jerga radical al referirse a «la última confrontación armada en Europa». La sugerencia de que «los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía» vuelve a despreciar la existencia, en el País Vasco y en España, de una democracia consolidada que cuenta con mecanismos tasados para afrontar sus problemas y buscar soluciones.