Rebelión en los bancos europeos

Los bancos de la zona euro se oponen a la nueva vuelta de tuerca que se avecina. Bruselas, alentada por los mandatarios europeos, quiere imponerles una nueva recapitalización por el potencial deterioro causado por una depreciación de la deuda soberana de países periféricos que atesoran en las carteras. Los directivos bancarios han hablado alto y claro. El presidente ejecutivo de Deutsche Bank, Josef Ackermann, declaró que prefiere vender activos estratégicos y adelgazar el banco antes que verse obligado a aceptar capital público. En España, el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, denuncia que, de salir adelante, la iniciativa «tendrá consecuencias gravísimas, devastadoras». Todo el sector cree que obstaculizará el relanzamiento del crédito y con ello la reactivación de la economía. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, apuesta por esperar hasta que se concreten las propuestas, con el propósito de negociar su aplicación. Su actitud no tranquiliza a las entidades, temerosas de que la capacidad de influir sea mínima.

En julio se publicaron los resultados de los test de solvencia. ¿Qué mueve a hacer cambios tan urgentes?

La constatación de que Grecia no puede devolver todo lo que debe y será preciso aplicarle una quita elevada ha llevado a pensar que otros países contagiados -Portugal, Italia, España- pueden pasar por un trance parecido. Los bancos tendrían que afrontar los impagos. Para adelantarse a esa eventualidad, deberían tener un colchón de capital reforzado con que cubrir las pérdidas cuando los resultados no alcancen. Los test de estrés difundidos en julio se realizaron sobre datos del cierre de 2010 y las carteras de bonos soberanos apenas se tomaron en cuenta. Otros problemas como el riesgo inmobiliario de España captaban casi toda la atención.

¿De qué porcentaje de recorte estamos hablando?

No hay nada decidido todavía. Pero en medios próximos a la Comisión y a la Autoridad Bancaria Europea se especula con recortes de valoración del 60% para Grecia, del 40% para Portugal e Irlanda y del 20% para Italia y España. Los bancos con bonos de esos países en sus carteras tendrían que aplicar esos descuentos y hacer las correspondientes provisiones -tomando en cuenta los plazos de vencimiento-, como si de pérdidas latentes se tratara.

¿Es la consideración de la deuda la única propuesta destacada?

El otro gran cambio, relacionado con este, consiste en elevar la exigencia de capital de la mejor calidad. En medios de Bruselas y Londres se habla de una horquilla que va del 7% al 9% respecto a los activos de que una entidad disponga, evaluados a su vez en función del riesgo. El 'salto' es notable porque en las últimas pruebas de solvencia se exigió el 5%. Entonces no se tomaron en cuenta las provisiones genéricas realizadas ni las obligaciones convertibles en acciones ya emitidas, y cinco bancos y cajas españoles no alcanzaron ese nivel. Aunque el Banco de España matizó estos resultados, dos de las entidades 'suspendidas' -Catalunya Caixa y Unnim- están temporalmente nacionalizadas, el Banco Pastor va a ser absorbido por el Popular y se intenta vender la intervenida CAM en subasta competitiva.

¿Por qué los bancos critican las exigencias de capital basadas en la deuda soberana?

Denuncian que se está planteando un cambio crucial. Hoy la deuda soberana es, en términos contables, el activo de 'riesgo cero' por excelencia. En una unión monetaria, los bancos han considerado la deuda de los países socios como refugio. Por eso defienden que no se puede exigir mayor capitalización por el deterioro de las carteras de bonos públicos. Apuntan, eso sí, que habría que considerar la situación de Grecia una cuestión aparte, porque en este caso se trata de un problema de solvencia de un país, sin penalizar al resto de países que están sufriendo el efecto contagio.

¿Quién tiene la deuda ahora considerada 'de riesgo'?

Todos los bancos de la zona euro se ven implicados. Las entidades de los estados más solventes compraban deuda soberana de los periféricos atraídos por su mayor rentabilidad. Y si en el caso de Grecia los bancos más pillados son alemanes y franceses, ahora el problema se generaliza. El sector financiero español tenía a finales de 2010 unos 222.000 millones en títulos del propio Tesoro. La evolución de este año puede haber reducido esta cantidad. Como las nuevas exigencias se van a imponer a las entidades llamadas 'sistémicas' -con importante presencia transfronteriza o una notable cuota en el sistema nacional-, todo apunta a que los afectados serían los cinco mayores -Santander, BBVA, La Caixa, Bankia y Popular-Pastor- que, de acuerdo con los últimos datos, tenían más de 165.000 millones colocados en deuda española. En grandes números un recorte del 20% supondría un impacto negativo de hasta 30.000 millones, a lo que habría que sumar el esfuerzo para elevar el capital al nuevo mínimo exigido.

¿De dónde puede salir el capital que la gran banca precisará para cumplir las futuras exigencias?

Los bancos tendrían que acudir al mercado a buscar capital, y hacerlo con urgencia, porque se menciona un plazo de tres meses. A los inversores privados no les van a atraer estas operaciones, menos aún cuando desde la Comisión se ha lanzado el mensaje de que los dividendos pueden correr peligro en las entidades más debilitadas. Como los peticionarios no serán bancos insolventes a los que convenga dejar caer, se prevé otra oleada de inyecciones de dinero público. Pero dedicar más recursos públicos engrosará el endeudamiento de los estados y agravará sus desequilibrios.