Salgado estrecha el gasto ministerial para asegurar el objetivo de déficit

El ciclo político toca a su fin, pero el Gobierno saliente dejó claro ayer que en el mes que falta para las elecciones piensa echar el resto para asegurar el objetivo de reducir el déficit al 6% este año. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, explicó que esa es una prioridad «irrenunciable» tras anunciar que el Consejo de Ministros acordó otro recorte en la capacidad de gasto de los ministerios para compensar desviaciones imprevistas en partidas «ineludibles» vinculadas a las ayudas a parados, sanidad, educación, vivienda y defensa.

Este estrechamiento en el margen de gasto que les queda a los ministerios se sustanció en la aprobación de una declaración de no disponibilidad de crédito por importe de 654 millones, equivalente a los créditos adicionales otorgados con impacto sobre el déficit.

El objetivo, explicó Salgado, es que esas partidas no contabilizadas en el presupuesto de gastos «no tenga repercusión», y por tanto evitar que se traduzcan en una desviación de las metas fijadas. Cumplir el objetivo de déficit ha dejado de ser solo una necesidad macroeconómica y se ha convertido también en una cuestión de orgullo y prestigio para el país ante sus acreedores y ante los mercados internacionales.

El Gobierno no dio demasiados detalles de dónde piensa economizar esos 654 millones. Solo avanzó que los recortes se notarán «en todos los ministerios de manera proporcional» al volumen de sus recursos. El análisis por departamentos del presupuesto de gastos no financieros del Estado de 2011 muestra que los ministerios con más recursos son Trabajo e Inmigración, Interior, Defensa y Fomento. Los mismos (salvo Interior) que percibirán los créditos extraordinarios. Eso supone, a grandes rasgos, que el Ejecutivo les quita de un lado los fondos que les asigna por otro.

Los créditos extraordinarios suman 4.221 millones de euros, pero solo 654 millones tienen repercusión sobre el déficit de 2011. De ellos, una de las partidas principales son 162,14 millones que irán al Servicio Público de Empleo Estatal para atender los compromisos derivados del pago de la renta activa de inserción, prestación destinada a desempleados de larga duración mayores de 45 años y a otros colectivos con especiales necesidades. Esto obedece al incremento del número de perceptores, que este año se disparó desde los 131.000 previstos hasta 180.000.

Gastos bélicos

Los 491,47 millones restantes se reparten de la siguiente manera: 260,14 millones irán primero al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y de allí a las comunidades autónomas para el pago de gastos derivados de la atención a las personas dependientes y a diversas entidades en concepto de colaboración en la prestación de asistencia sanitaria; 124,10 millones para el Ministerio de Fomento para el abono de ayudas en concepto de renta básica de emancipación e intereses de préstamos de los planes estatales de vivienda; 86,35 millones para atender gastos del Ministerio de Defensa ocasionados por la participación en la operación bélica de Libia y, finalmente, 20,88 millones para que Educación pague las cuotas patronales de la Seguridad Social correspondientes al profesorado de religión.

La parte restante del total autorizado, 3.567,55 millones, y que completa los 4.221 millones, se destinará al servicio público de empleo para compensar pagos de 2010. En concreto, 1.648,19 millones serán compensaciones por pérdidas de recaudación, y los otros 1.919,36 millones por obligaciones de pago del subsidio por desempleo y renta activa de inserción.

Salgado dejó claro que estas últimas compensaciones no supondrán más déficit, pues son pagos que ya fueron contabilizados el año pasado. Por si acaso, y para que la cuenta salga redonda, desveló que el Ejecutivo contará este año con un margen adicional de 4.000 millones de euros (unas cuatro décimas de PIB) para cumplir sus objetivos. De ellos, 2.000 millones procederán de ingresos por la subasta del espectro radioeléctrico y otros 2.000 millones del ahorro en el pago de los intereses de la deuda.