Tal vez ha llegado el momento de un recorte de personal

No existen encuestas, pero parece seguro apostar sobre cuál sería la opinión de los españoles acerca de la cantidad de políticos que hay en el país. Son muchos, muchísimos, demasiados. Cada vez que las televisiones ofrecen imágenes de los parlamentarios en el Congreso, el Senado o alguna cámara autonómica -o, más aún, cuando se contemplan los escaños desiertos por la espantada general de sus señorías-, hay ciudadanos que se preguntan si el trabajo de legislar requiere de verdad esa muchedumbre. El dictamen de los bares y las sobremesas, los ámbitos donde se solucionan en un pispás los problemas de la nación, es unánime desde hace mucho tiempo: en los parlamentos sobra gente, y también en los plenos de los ayuntamientos, y en las diputaciones... ¡Caramba, quizá incluso sobren instituciones enteras! Pero esta semana se ha producido una importante novedad: ya no escuchamos ese argumento a algún 'arreglamundos' acodado al fondo de la barra, sino a los propios políticos. Por fin, ahora que estamos en precampaña, quieren recortarse a sí mismos.

Lo planteó Mariano Rajoy en la convención nacional del PP, donde abogó por reducir el número de diputados, parlamentarios autonómicos y ediles. Días después, el vicesecretario de comunicación de los populares, Esteban González Pons, se animó a cuantificar una de las ramas de esa nebulosa iniciativa: el número de escaños del Congreso se puede rebajar de los 350 actuales a 300, el mínimo que contempla la normativa. Claro que, dentro de las filas del PP, el más lanzado y vehemente en sus argumentos ha sido el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, que estima que sobran «dos tercios» de los parlamentarios, tanto en Madrid como en las autonomías, y «la mitad» de los concejales. «¡Si es que nos juntamos todos los políticos y podemos hacer la Guerra Mundial y la ganamos! -ha comentado-. Esto no es nuevo, está en la voz de todo el mundo que la Administración es muy pesada, que España no puede con esto». ¿Y qué ocurre, mientras tanto, en el barrio de enfrente? Alfredo Pérez Rubalcaba se ha mostrado dispuesto a discutir el recorte en ayuntamientos, parlamentos autonómicos y, «eventualmente», el Congreso y el Senado, pero ha priorizado la reforma de las diputaciones provinciales, al considerarlas «más prescindibles». Además, ha recalcado que la mengua en el número de diputados puede generar problemas de proporcionalidad. La alarma cunde entre las formaciones más pequeñas, como IU y UPyD: «Es un ataque a las minorías», se escandaliza Gaspar Llamazares.

Cobrar y gastar

Quizá no hiciesen tan buen papel en una guerra, pero ciertamente España cuenta con un nutrido ejército de políticos. Quedándonos solo en lo más visible, sin entrar en el opaco universo de los cargos de designación política, tenemos 350 diputados, 264 senadores, 1.268 parlamentarios autonómicos, 8.116 alcaldes y 68.462 concejales, aunque es cierto que, en la administración local, muchos cargos no conllevan remuneración: «Resulta materialmente imposible saber cuántos concejales cobran y cuántos no, porque los ayuntamientos tienen plena autonomía para establecer en el pleno la remuneración de sus cargos electos. Como regla general, existe remuneración a partir de cierto número de habitantes», especifican en la Federación Española de Municipios y Provincias. Claro que también es verdad que, como apunta el regidor pacense, «cobren o no cobren, gastos originan siempre». La cuenta continúa con las diputaciones provinciales: 1.040 personas, que compatibilizan ese cargo con alcaldías o concejalías. Y, finalmente, hay que incluir en la suma instituciones como las juntas generales de los tres territorios vascos (153 miembros), los cabildos canarios (157), los consejos insulares de Baleares (59) o el Consejo del Val d'Aran (13).

A raíz de las propuestas del PP, el foco de la atención pública se ha centrado en la masificación del Congreso, pero hace tiempo que abundan las propuestas de aligerar otras cámaras. Los estatutos de autonomía establecen el número de escaños de sus parlamentos mediante horquillas, con un mínimo y un máximo, pero esa flexibilidad se suele emplear para tender hacia la cifra más alta. Muchas voces exigen que se rompa con esa costumbre e incluso que se pulvericen esos topes. UPyD, por ejemplo, ha reclamado reducir de 129 a 70 el número de diputados de la Asamblea de Madrid. El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quiere recortar en un 10% los 39 miembros de su parlamento, hasta el límite estatutario de 35. Y la presidenta de la cámara catalana, Núria de Gispert, ha admitido que los 135 escaños actuales son el máximo previsto por el Estatut, que establece la frontera inferior en 100: «Puede ser uno de los temas a poner encima de la mesa con la ley electoral de Cataluña», ha aceptado. Resulta interesante calcular la relación entre el número de parlamentarios regionales y la población de cada comunidad: La Rioja tiene un diputado autonómico por cada 9.700 habitantes; en Andalucía, el otro extremo de la tabla, la ratio se eleva a uno por cada 77.200.

Más drástica es la posibilidad de suprimir directamente alguna de estas instituciones. Las diputaciones provinciales, con su incómoda ubicación entre la autonomía y el municipio, siempre acaban en el punto de mira, pero los expertos en derecho constitucional se suelen mostrar prudentes ante la idea de eliminarlas. «Yo soy contrario a cebarse en las diputaciones porque tengo miedo de que España se desertice, de que se caiga en la insignificancia del tejido económico, social y territorial en favor de unos cuantos núcleos más poblados. Temo que las provincias sean absorbidas por la comunidad autónoma en una especie de nuevo centralismo», previene Juan José Solozábal, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que alerta contra «el arbitrismo» en este tipo de decisiones. «La cuestión es qué entidad asumiría sus funciones, como el asesoramiento a los municipios o la conservación de infraestructuras -reflexiona Miguel Ángel Presno, de la Universidad de Oviedo-. Es necesaria una propuesta global que incluya todos los ámbitos de la Administración. Habría que estudiar un nuevo diseño constitucional, tarea que en Alemania llevó varios años pero con resultado final positivo».

Al fondo de estas discusiones aparece inevitablemente el Senado, al que muchos ven como un dinosaurio superado por los tiempos que se entrega a un apacible reposo. Irlanda ha anunciado esta misma semana que someterá a referéndum la abolición de su cámara alta, el Seanad. «Hay cierta pereza institucional que dificulta suprimir órganos ya existentes, aunque, desde luego, es oportuno revisarlos periódicamente y, en su caso, realizar ajustes y reformas», plantea Presno, partidario de emprender justamente esa demorada tarea con el Senado español: «Desde un punto de vista funcional hoy no aporta mucho, pues es una cámara sin entidad propia y que, en lo que comparte con el Congreso, está en posición subordinada. Lo oportuno no sería suprimirlo, sino especializarlo en cuestiones territoriales, al estilo alemán». Juan José Solozábal se pronuncia en una línea similar: «Tengo la impresión de que el Senado sirve muchas veces de chivo expiatorio, como las diputaciones provinciales. Pero, si no se reforma en un sentido serio de representación de las comunidades autónomas, como se ha dicho tantas veces, quizás sí habría que pensar en su supresión».