Bruselas vincula las ayudas a los agricultores a una producción más 'verde'

La UE quiere convertir a sus agricultores en defensores del medioambiente y ha decidido condicionar al respeto por el ecosistema gran parte de las ayudas directas al sector. La comisión presentó ayer su propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC), con la que busca establecer un marco más «equitativo» -con un sistema de pago único en el que los estados miembros reciban ayudas en función de su producción media o proporcionales a la cantidad de hectáreas- y poner límites a las subvenciones, lo que ha cosechado el rechazo mayoritario del sector.

El comisario europeo de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos, aseguró que «una redefinición de la PAC es necesaria» al presentar su propuesta para reformar el sistema de subvenciones agrícolas europeas a partir de 2014. Entre sus peticiones figura condicionar la ayuda que la UE otorga a casi 12 millones de agricultores a la puesta en marcha de prácticas agrícolas como el mantenimiento del pastoreo permanente, la rotación de cultivos y el destino a actividades ecológicas del 7% de la superficie de las explotaciones. La finalidad, destacó, es imponer «prácticas de producción duraderas».

Una de las medidas más polémicas es la de establecer un techo de 300.000 euros en las ayudas que reciben las grandes explotaciones -medida a la que se oponen enérgicamente Alemania y Gran Bretaña- y que a partir de los 150.000 euros las ayudas vayan decreciendo de forma progresiva. Ciolos propuso, asimismo, crear un «fondo de crisis» dotado con 3.500 millones de euros para reaccionar ante situaciones que deriven en una «pérdida de confianza» de los consumidores, como la «crisis del pepino» del pasado verano.

Un centenar de agricultores acudieron a Bruselas a protestar contra la propuesta de la Comisión. Les inquietan los costes que implicará cambiar los actuales sistemas de cultivo por otros más 'verdes' y la amenaza que eso supondrá para su competitividad.

El secretario general de COAG, la principal coordinadora española de organizaciones agrarias, Miguel López, expresó su «rechazo contundente» al plan de la Comisión, que calificó de «tremenda barbaridad» y también de «ocurrencia». Su aplicación, afirmó, sería un «desastre» para el sector. A juicio de COAG, los cambios propuestos son solo «un invento para acaparar la atención de la opinión pública y no responden a una política medioambiental real».