Timoshenko, junto a su hija, Yevgenia, y su marido, Aleksandr, ayer en el juicio :: SERGEY DOLZHENKO / EFE
MUNDO

Ucrania encierra a Julia Timoshenko

Un tribunal condena a la máxima pena a la ex primera ministra por los acuerdos del gas con Rusia de 2009

MOSCÚ. Actualizado: Guardar
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La ex primera ministra ucraniana y líder de la Revolución Naranja de 2004, Julia Timoshenko, fue condenada ayer a siete años de prisión, la pena máxima que había solicitado la Fiscalía. El fallo se hizo público en el juzgado del distrito Pechora de Kíev, en sesión retransmitida por televisión. Poco antes, el juez, Rodión Kiríyev, la había declarado culpable del delito de «abuso de poder» por firmar con Rusia en 2009 un acuerdo para la adquisición de gas considerado lesivo para los intereses de Ucrania.

Según el juez, el acuerdo suscrito con Moscú para el suministro de gas ocasionó pérdidas por valor de 1.500 millones de grivnas (unos 135 millones de euros) a la compañía nacional Naftogaz. El Gobierno del país, por su parte, sostiene que el cumplimiento del actual convenio con Rusia supondrá perjuicios aún mayores. Los cuantifica en unos 57.000 millones de euros. La sentencia establece que la inculpada deberá compensar a Naftogaz las pérdidas y la inhabilita por tres años para ocupar cualquier cargo a nivel estatal.

Timoshenko afirmó que la decisión adoptada por la Justicia ucraniana «no cambiará nada en mi vida ni en mi lucha». Según sus palabras, «el que ha escrito realmente la sentencia ha sido Víctor Yanukóvich», el actual presidente de Ucrania. Anunció además su intención de recurrir el fallo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que, señaló, «no tenemos ninguna confianza en nuestro sistema jurídico».

Miles de seguidores de la dama naranja se congregaron frente al edificio del tribunal. Llegaron incluso a cortar el tráfico en la céntrica avenida Kreschátik, pero fueron disueltos por unidades especiales de la Policía.

Timoshenko llevaba en prisión preventiva desde el pasado 5 de agosto, cuando fue acusada de desacato al juez. Se negó a ponerse de pie y le llamó «marioneta». La ex jefa del Gobierno cree que todo se trata de un montaje de Yanukóvich para acabar con cualquier atisbo de oposición, copiando el modelo ruso y tratando de neutralizar su partido Batkívshina (Patria) de cara a las legislativas del año que viene. Yanukóvich ganó a Timoshenko por muy escaso margen (3,5 puntos) en las elecciones presidenciales del año pasado.

Indignación

El actual proceso contra Timoshenko ha causado preocupación en la Unión Europea y, aunque por causas diferentes, también en Rusia. En Moscú provoca indignación que se ponga en cuestión un contrato para el suministro de gas que Timoshenko firmó con el jefe del Gobierno ruso, Vladímir Putin, en enero de 2009, después de otra crisis que dejó sin suministro a muchos hogares europeos.

Ucrania paga actualmente a Rusia en torno a los 329 euros por cada mil metros cúbicos de gas. En Moscú hay disposición a revisar las tarifas a la baja, pero a cambio de toda una serie de concesiones por parte de Kíev: fusionar la compañía de gas ucraniana Naftogaz con la rusa Gazprom, poner los gaseoductos del país bajo control de Rusia, permitir al capital ruso adquirir empresas estatales en territorio ucraniano y la incorporación de Ucrania a la Unión Aduanera de la que forman parte Rusia, Bielorrusia y Kazajstán.

El actual jefe del Gobierno ucraniano, Nikolái Azárov, aseguró ayer que su país alcanzará un acuerdo con Rusia sobre el gas «dentro de 10 o 15 días». Tal vez por eso, Putin, que se encuentra de visita en China, se mantiene por ahora en silencio. «Claro, como la ex primera ministra ucraniana ha sido reconocida culpable por firmar un acuerdo de gas con Rusia, pues se nos quiere emplazar a que sea revisado», manifestó Valeri Yázev, vicepresidente de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso). Según su opinión, «el contrato que firmó Timoshenko está en vigor es legítimo y ella contaba con suficientes prerrogativas para concluirlo».

El Ministerio ruso de Exteriores hizo ayer público un comunicado en donde denuncia «el trasfondo obviamente antirruso» de la decisión judicial adoptada en Kíev. «Los acuerdos de gas entre Rusia y Ucrania fueron concebidos dentro del estricto cumplimiento de las leyes de ambos países y las normas aplicables del Derecho Internacional», subraya la nota.

Mientras, la mayor preocupación ahora de las autoridades de Kíev son las consecuencias que pueda tener lo sucedido para sus relaciones con la UE.