Hacienda suspende los pagos a 1.022 pequeños ayuntamientos

El Ministerio de Economía y Hacienda dejó claro ayer que no siente piedad por quienes infringen sus obligaciones, ni siquiera cuando se trata de instituciones públicas. El departamento que dirige Elena Salgado anunció la suspensión en octubre de los pagos a 1.022 ayuntamientos de toda España, correspondientes a su participación en los impuestos del Estado. El motivo es el incumplimiento por los consistorios del mandato legal de presentar -como muy tarde el 30 de septiembre- los datos de liquidación de sus presupuestos de 2010.

La ley de Economía Sostenible obliga en su artículo 36 a retener a partir de septiembre a las entidades que hayan incumplido su obligación de remitir toda la información correspondiente a la liquidación de sus presupuestos del ejercicio anterior, el importe de los anticipos mensuales a cuenta de la participación en tributos estatales.

Por este motivo, y «hasta que se produzca la citada remisión», los municipios afectados dejarán de percibir este mes en total 13,5 millones de euros. Fuentes del Ejecutivo recalcaron que los ayuntamientos -que ya habían arrancado al Gobierno un aplazamiento de treinta días en la entrada en vigor de esta penalización- «no pierden» los fondos, sino que «se les retienen». Serán reintegrados a sus arcas en cuanto cumplan sus obligaciones, junto a los correspondientes al siguiente pago mensual.

Un portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) explicó que los incumplimientos del plazo obedecen a motivos muy diversos, entre ellos cuestiones técnicas y problemas «de tiempo». Otras fuentes atribuyeron algunas demoras a problemas informáticos (algunos consistorios habrían intentado presentar la liquidación por vía telemática, pero tuvieron que desistir).

Sin embargo, otras fuentes de la administración explican que tras los incumplimientos subyace la incapacidad de muchos municipios para cumplir las exigencias de ajustes y de reducción del déficit dictadas desde el Gobierno central. De ahí derivarían los problemas para cuadrar las cuentas del último ejercicio. El montante retenido asciende solo a 13,5 millones porque se trata, en casi todos los casos, de municipios de pequeño tamaño.

Pese a los retrasos detectados a la hora de presentar las liquidaciones, Hacienda subraya que, una vez expirado el plazo legal, 7.092 ayuntamientos (el 87,4%) han enviado la información preceptiva, mientras otros 1.022 (el 12,6%) no la han consignado en tiempo y forma.