Los supuestos timadores del gas podrían enfrentarse a penas más duras

En el año 2000, la Audiencia Provincial dictaba la que hasta la fecha ha sido la única sentencia condenatoria que se ha impuesto en esta provincia por un delito continuado de estafa contra los conocidos y temidos inspectores del gas; personal a sueldo de empresas autorizadas para realizar las revisiones obligatorias de estas instalaciones, que en su afán recaudatorio son capaces de saltarse las normas que protegen al consumidor. Este precedente judicial, único hasta la fecha, podría volverse a repetir si prospera la intención de la Fiscalía de acusar a los tres últimos detenidos por este timo de un delito continuado de estafa y no como meras faltas que solo conllevan el pago de una multa en caso de condena.

Como ya se informó a finales del mes pasado, tres jóvenes, de edades comprendidas entre los 23 y 28 años, fueron arrestados por efectivos del Grupo II de Delincuencia Urbana, de la Comisaría Provincial, por una veintena de denuncias de vecinos de la capital que habían sido coaccionados, según sus propios testimonios, a realizar una revisión del gas que siempre acababa con un desembolso económico. Fuentes policiales confirmaron a este medio que tras las últimas pesquisas a estos tres jóvenes, que aún no han prestado declaración ante los juzgados tras quedar en libertad, les imputan hasta 26 denuncias por unos hechos que se produjeron en un corto periodo de tiempo: del 17 de junio al 24 de agosto. Las mismas fuentes destacaron que llama la atención la prolija actividad que tenían estos inspectores del gas, que en solo dos días llegaron a girar seis visitas y en todas ellas recaudaron dinero por supuestas deficiencias en las instalaciones del gas de las víctimas.

Jugada procesal

Pese a este volumen importante de denuncias, cada asunto fue remitido a los juzgados en distintas fechas y tratado como diligencias independientes por supuesta falta y no como delito de estafa. En la práctica significa que los supuestos autores de estas prácticas abusivas se enfrentan a multas y no a penas más severas y con una posible capacidad disuasoria. Ante esa posibilidad, el mismo grupo que había investigado los pasos de los tres detenidos informó a la Fiscalía para que tratara de mover ficha. La jugada procesal consiste en aglutinar todas las denuncias en un mismo procedimiento para acusar a los sospechosos de un delito continuado de estafa que lleva aparejado una pena de cárcel y no una simple multa económica. La Fiscalía de Cádiz confirmó que han atendido esa petición de la Policía y han pedido al titular del juzgado de Instrucción nº 3 de Cádiz que aglutine todas las denuncias que han sido formuladas contra estos tres jóvenes. El escrito se ha dirigido a ese órgano judicial en concreto porque es donde recayó el caso más antiguo; la génesis de la supuesta estafa continuada.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial en el año 2000 recoge como hechos probados situaciones muy similares a las que han denunciado el pasado verano la veintena de víctimas afectadas por el timo del gas. Cinco personas fueron condenadas a un año de prisión por haber estafado a 16 personas. En todos los casos se repetía el mismo modus operandi: los afectados recibían la visita sorpresa de estos inspectores, los cuales se acreditaban como personal de una empresa autorizada para estas revisiones. Recurriendo a la amenaza velada de un posible corte de suministro o un escape con fatales consecuencias, conseguían el consentimiento para realizar unas inspecciones que siempre acarreaban un gasto inesperado al cliente. Algunos de ellos, según esa resolución judicial, llegaron a informar a los inspectores de que ya habían pasado la revisión reglamentaria, pero no fue óbice para ser víctimas de esas coacciones.

Desde las asociaciones de consumidores recuerdan que el titular del contrato de suministro del gas tiene la obligación de mantener en buen estado la instalación y, por tanto, debe someterse a revisiones periódicas por parte de empresas autorizadas para tal fin. Pero tiene una serie de derechos que no pueden saltarse ningún inspector como la obligación de avisar con antelación de la próxima revisión y comunicarle de antemano las tarifas para que el cliente pueda autorizar un presupuesto antes de llevarse a cabo el trabajo. Al existir varias empresas que pueden realizarlo, el consumidor tiene derecho a elegir la que más le convenga.