Gobierno y Junta se dan quince días más en el conflicto del Guadalquivir

El Gobierno central y la Junta de Andalucía se han dado de plazo otros 15 días para llegar a un acuerdo sobre el modelo de cesión de competencias sobre el Guadalquivir que dé participación a la administración autonómica en la gestión de la cuenca. El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino comunicó ayer tarde que la encomienda de gestión del río, autorizada el pasado abril tras la sentencia del Tribunal Constitucional, se prorroga por lo pronto dos semanas más. Durante este tiempo, ambas administraciones deben buscar un encaje jurídico para el futuro modelo de gestión del río. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se mostró ayer confiado en que habrá acuerdo, según respondió a los periodistas en Málaga.

La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Juan Díaz Trillo, firmaron ayer en Córdoba la prórroga de la encomienda de gestión, una fórmula transitoria para dar cobertura jurídica a la organización de la cuenca después de que la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado marzo anulase el artículo del Estatuto de Autonomía que reconocía las competencias andaluzas sobre el río. Estas competencias fueron transferidas a la Junta en 2009 con alrededor de 700 trabajadores. La sentencia obligaba su devolución al Gobierno y dejaba en el aire la transferencia.

Reparos

Lo que Gobierno y Junta deben acordar es qué se queda el Estado y qué decide este delegar en la Junta sobre las aguas que transcurren por Andalucía. La precipitada reforma de la Ley de Aguas estatal permite a la Junta, y a las comunidades que así lo incluyan en sus estatutos, competencias sobre la policía hidráulica. Pero quedan otros asuntos importantes sobre los que Gobierno y Junta tenían un acuerdo político, escenificado en la reunión del pasado día 17 de septiembre de la comisión bilateral de cooperación. En aquella reunión no hubo trabas a que Andalucía se quedara con la gestión de varios embalses -la Junta no dice cuáles- y con las autorizaciones y algunos cánones. Se trata, en definitiva, de tener la llave de los recursos hídricos y de sus ingresos fiscales. El regadío se lleva más del 80% de los usos del agua en Andalucía. Feragua, una de las organizaciones de regantes, se ha mostrado siempre en contra del traspaso de competencias a la Junta.

Pero si el Gobierno andaluz y el Ministerio de Política Territorial, cuyo titular es Manuel Chaves, tenían un acuerdo político, los técnicos jurídicos del Estado no están tan conformes, sobre todo los del Ministerio de Economía y Hacienda, que son los que tienen que bendecir la operación. Las trabas legales a la delegación de competencias de los embalses y autorizaciones cayeron como un jarro de agua fría en la Junta, ya que los obstáculos se pusieron sobre la mesa justo en el último tramo de la negociación. La portavoz del Gobierno, Mar Moreno, mostró el «malestar» y la «preocupación» de la Junta por la falta de acuerdo en el último minuto, es decir, por la negativa del Gobierno central a aceptar sus peticiones.

El choque por el Guadalquivir y las palabras de Moreno fueron interpretadas como un nuevo roce político entre Griñán y Chaves, ya que este es el responsable del Gobierno en las relaciones y transferencias con las comunidades autónomas. El coordinador de IUCA, Diego Valderas, se lamentó que Chaves y Griñán «estén usando el Guadalquivir para tirarse los trastos a la cabeza», según Efe. Tanto IU como el PP urgieron a ambos gobiernos a agilizar el acuerdo. El vicesecretario general del PP-A, Ricardo Tarno, exigió que dejen a un lado «la ceremonia de la confrontación y de lo absurdo» y sean capaces de ponerse de acuerdo, según recoge Europa Press.

El presidente de la Junta trató ayer de alejar esa percepción y se mostró «convencido» de que el plazo de 15 días es suficiente para lograr un acuerdo sobre los reparos jurídicos.