Advierten del «colapso total» de la Fundación Andrés de Ribera

Un ejemplo del enfrentamiento que perjudicó a Jerez y que ayer trataron de dejar en el pasado los responsables de la Diputación y del Consistorio es la gestión de la Fundación Andrés de Ribera donde, como recordaron, existía un convenio para pagar las nóminas de los trabajadores al 50% y sin embargo las hacía frente el Ayuntamiento en solitario. Y es que la FAR «se había convertido en un ring entre el Ayuntamiento y la Diputación. La situación actual de colapso de la FAR es consecuencia de aquellas decisiones», como dijo la alcaldesa, María José García-Pelayo.

La primera edil no trató de poner paños calientes y reconoció que este ente se encuentra en «una situación muy compleja. Un informe elaborado por la propia fundación habla de colapso total. En realidad está sobreviviendo gracias a la labor que están realizando los trabajadores de la institución».

Por eso, anunció que una comisión técnica, compuesta por personal municipal y de Diputación, está elaborando un Plan de Viabilidad para la institución. «La FAR tiene un valor incalculable desde el punto de vista patrimonial, con una colección de relojes que es de las más importantes de Europa, y nuestro principal objetivo es conseguir que se vuelvan a abrir los museos y ofrecer otro tipo de actividades».

Eso sí, añadió que «de momento no se descarta ninguna opción como la de la venta del inmueble de la fundación de la calle Ancha al Consorcio de Aguas. Sobre este inmueble pesaba una orden de embargo que pudo ser frenada gracias a la intervención de Diputación y Ayuntamiento. Lo que sí es claro es que todas las decisiones que se adopten se tomarán de la mano de las dos administraciones y contando con la plantilla».

La zona rural fue de los temas abordados en la reunión de ayer ya que la labor que está realizando el vicepresidente segundo de la Diputación, Bernardo Villar, está permitiendo dar luz verde a muchos proyectos. Así, el desbloqueo de las relaciones permitirá inversiones en esta zona por un importe superior a los 2,5 millones de euros. «Se trata de 13 obras civiles, intervenciones en las carreteras provinciales, como La Ina, Morabita o el cruce de El Torno, que son vitales para la zona rural, y otras actuaciones para el futuro como un plan de ahorro energético», apuntaron ayer.