La gestión andaluza del Guadalquivir se diluye por las trabas del Gobierno

La gestión andaluza del río Guadalquivir se diluye mientras abultan las diferencias y los choques entre Gobierno y Junta por ello. Ambos ejecutivos reconocieron ayer por separado que acabado el plazo para la negociación no hay acuerdo sobre el modelo de transferencia para la delegación a la administración andaluza de parte de la gestión del río sin contravenir la sentencia del Tribunal Constitucional. La asunción por parte de la Junta de funciones como la gestión de los pantanos, autorizaciones y cobro de algunos cánones son los asuntos en los que se asientan los encontronazos.

La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, manifestó ayer tarde en una comparecencia de urgencia ante los medios el «malestar y preocupación» porque el Gobierno de Zapatero esté planteando ahora trabas jurídicas «que no había puesto sobre la mesa» en los seis meses que ha durado la negociación de la subcomisión encargada de ello.

Para Moreno, el Gobierno ha incumplido a última hora el pacto acordado en la comisión bilateral del pasado 16 de septiembre. Un incumplimiento que para la Junta «es motivo de preocupación y, en buena medida, de incomprensión, ya que hemos estado trabajando durante seis meses sin que estos problemas de última hora hubieran aflorado».

Trabas de última hora que impiden un acuerdo previsto para ayer. Hoy expira el plazo del decreto de la encomienda de gestión aprobado el pasado abril para no dejar en el limbo la gestión del río tras la sentencia del Constitucional que anulaba el artículo del Estatuto de Autonomía que reconocía las competencias andaluzas. La transferencia de la cuenca, materializada desde 2009, quedó en el aire.

Ambos ejecutivos se dieron de plazo estos seis meses para buscar un encaje jurídico a un modelo de gestión por el que el Estado cedía algunas competencias a la Junta de Andalucía.

Prórroga de la encomienda

El Gobierno andaluz esperó en balde hasta última hora de la tarde la llamada del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública para la celebración de la comisión bilateral que sellara el acuerdo. Pero ya el vicepresidente segundo del Gobierno, Manuel Chaves, advirtió por la mañana en Cádiz de la dificultad de entendimiento y avanzó que lo más probable es que el Consejo de Ministros prorrogase hoy la encomienda de gestión, una fórmula transitoria por la que la Junta lleva la gestión pero sin poder tomar decisiones de calado. Una situación confusa y compleja para los afectados de la cuenca, entre ellos regantes y los más de 700 empleados de la antigua confederación hidrográfica que pasaron a la Agencia Andaluza del Agua, y la propia Junta, que tiene en suspenso el desarrollo de la Ley de Aguas aprobada hace un año y planificada sobre la transferencia del Guadalquivir.

Puerta del diálogo

El Gobierno andaluz, visiblemente molesto, como se encargó de hacer ver Mar Moreno, no tiene claro lo de la prórroga, aunque insiste en que la «puerta del diálogo está abierta». Mar Moreno reiteró varias veces la perplejidad de su gobierno porque el ejecutivo central no haya alertado antes de las dificultades de encaje jurídico de las propuestas sobre la mesa y hayan esperado al último tramo de la negociación para esgrimirlas.

En dos reuniones Junta y Estado, en la de agosto entre Zapatero y Griñán, y en la de septiembre entre la misma consejera de Presidencia y Manuel Chaves, todo parecía ir sobre ruedas. Pero la rueda se ha encontrado una piedra en el camino. Moreno no quiso dar detalle ni de las propuestas ni de las trabas jurídicas del Estado.

La consejera precisó que las diferencias «no son de carácter económico» o financiero, sino problemas «de índole jurídica». Mar Moreno también eludió pronunciarse si tras el choque sobre el Guadalquivir se encuentran diferencias políticas entre Chaves y Griñán.

Según la Junta, el Gobierno no ve claro ahora la cesión de la gestión de los pantanos o el cobro de algunos cánones, asuntos sobre los que sí parecía haber acuerdo político en la última comisión bilateral Junta-Estado del pasado mes de septiembre. Ante los recelos del Gobierno, la Junta ha esgrimido antecedentes de cesión de competencias del mismo modo, como la del río Chanza, entre Huelva y Portugal, y el Fondo de Garantía Agraria (FEGA).