Un grupo de 60 inversores se suma a las denuncias contra los Ruiz-Mateos

Un nuevo grupo de inversores ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra la familia Ruiz-Mateos y diez de sus sociedades por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delito contra los intereses de los consumidores. En la querella, presentada este pasado martes por el despacho Gómez-Nix Abogados en representación de unos 60 inversores, los denunciantes solicitan la imposición de una fianza de siete millones de euros y reclaman la citación de Ángel de Cabo, empresario que compró Nueva Rumasa a través de la sociedad Back in Business, según informaron fuentes del bufete de abogados.

También piden que el juez requiera el contrato de compraventa del grupo para analizar si el negocio jurídico podría ser declarado nulo en caso de que se hayan transmitido empresas que se encuentren intervenidas por administradores judiciales que no hayan autorizado la operación.

Los querellados en este caso son el fundador de Nueva Rumasa , José María-Ruiz Mateos; su esposa, Teresa Rivero, sus hijos Javier, Alvaro y Pablo y su sobrino Zoilo Pazos, así como las empresas Nueva Rumasa , Inversiones Ruiz-Mateos, José María Ruiz-Mateos, Rumanova, Maspalomas Hoteles, Bodegas Valdivia, Carcesa, Hibramer, Dhul y Clesa.

Para sustentar sus argumentos, los inversores hacen hincapié en la correspondencia que se cruzaron los Ruiz-Mateos con el presidente del Santander, Emilio Botín, y otros directivos del banco.

Más denuncias

Esta querella se sumará previsiblemente a la causa abierta por la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, en representación de unas 200 personas, en la que posteriormente también se personó V Abogados, con una treintena de inversores.

Hasta el momento el juez de la Audiencia Pablo Ruz ha admitido la personación de una decena de acusaciones particulares en representación de más de 250 titulares de pagarés de Nueva Rumasa .

Por otro lado, la administración concursal de Dhul está ultimando un cuaderno de venta de la unidad productiva que será sometido a la autorización del juez que tramita el concurso de acreedores, a fin de iniciar un proceso de venta que garantice la continuidad de la fábrica de postres y los puestos de trabajo, informaron fuentes jurídicas.