Cajas rescatadas, directivos millonarios

Inadmisibles, escandalosas, indecentes. Mientras se multiplican los adjetivos que califican las multimillonarias indemnizaciones y pensiones asignadas a ex altos cargos de Novacaixagalicia -cuatro de ellos han salido previo pago de un total de 23,6 millones-, quienes formulan las acusaciones reconocen que una 'marcha atrás' será muy difícil, por más que la solvencia de la entidad de ahorro se vea reforzada con fondos públicos, y que sea el conjunto de los contribuyentes quien tenga que cargar, en última instancia, con la puesta a flote de la entidad.

Los pagos a directivos están respaldados por unos contratos que obtuvieron en su día el visado del Banco de España. La nula transparencia de la entidad gallega -similar a la practicada por otras cajas que no tenían que rendir cuentas a los mercados- impidió que se dieran a conocer y hoy día ni siquiera hay registro público oficial con el que contrastar los datos filtrados. Pero a los inspectores de la institución supervisora y a los auditores de cuentas no se les podía escapar nada, y menos aún el 'coste' de la fusión de las dos cajas gallegas.

A José Luis Pego, ex director general, le correspondió una indemnización de 10,8 millones y a Gregorio Gorriarán, exresponsable del negocio inmobiliario, 7,5 millones, mientras el ex director general adjunto, Javier García Paredes, cobró 5,3 millones tras renunciar a otros 4,7 millones adicionales por considerarlos una cantidad excesiva. Las salidas de estos directivos, así como la de uno de los artífices de la fusión, Óscar Rodríguez Estrada, se han producido en los últimos meses, y Novacaixagalicia necesita ahora de una inyección de capital público de 2.500 millones de euros. Es cierto que la entidad dotó con 340 millones un fondo para prejubilaciones y bajas incentivadas, pero las cifras de las indemnizaciones chocan con los problemas para cumplir las exigencias de solvencia.

«Aunque personalmente me parece inadmisible, legalmente habrá que ver si esas remuneraciones se ajustaban a lo dispuesto por parte del consejo de la entidad y a los principios recogidos en los estatutos», admitió Elena Salgado, vicepresidenta económica del Gobierno. Sus argumentos fueron parecidos a los esgrimidos días atrás por el Banco de España, en este caso referidos a la alicantina CAM. Miguel Fernández Ordóñez consideró 'un escándalo' el sueldo y la indemnización que se había asignado la ya ex directora general, María Dolores Amorós, pero aseguró que las actuaciones se llevarían a cabo «con exquisito cuidado» para no comprometer la seguridad jurídica.

También la nueva cúpula de Novacaixagalicia se mueve con extraordinaria cautela. Liderados por el presidente, José María Castellano, y el consejero delegado, César González-Bueno (exING), se han propuesto llevar a cabo una auditoría interna para averiguar si los pagos a los altos cargos salientes «cumplen los requisitos y no se han producido irregularidades».

A la expectativa

Puesto que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) debe nombrar a sus representantes tras haberse hecho con el 93% del capital, la situación es de expectativa. En medio del escándalo por los más de 23 millones con los que se han prejubilado exresponsables de Novacaixagalicia, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de La Coruña, Mar Barcón, dimitió como consejera por considerar «indecentes» las indemnizaciones.

Los pagos tuvieron origen en el tránsito de Caixanova (Vigo) y Caixagalicia (La Coruña) hasta el banco que constituyeron en común. Todo comenzó con una batalla localista por liderar la fusión promovida desde la Xunta de Galicia, con intervención del presidente Núñez Feijóo. Desde Vigo se fomentaba un rechazo a que «su caja» sirviera de salvavidas de la del norte, alegando que Caixagalicia pretendía absorber a Caixanova. Parecía que la disputa norte-sur se había resuelto a favor de las tesis meridionales, que colocaron de presidente de la nueva entidad, Novacaixagalicia, al de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y como director general al que ya lo era de la caja viguesa, José Luis Pego. Directivos y consejeros amarraron sus posiciones.