Nueve meses de recortes en Cataluña

A los pocos días de ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas apareció fotografiado en un diario barcelonés con un timón en sus manos. Empezaba a capitanear un proyecto bajo el lema «cabeza fría, corazón caliente, puño firme y pies en la tierra», según rezaba la inscripción del mando marino. Nueve meses después, ese posado náutico lleno de simbolismo debería incluir unas grandes tijeras. Porque si ha habido una característica en el primer año de su gobierno es la de los recortes.

Desde el primer día, Mas hizo suya la máxima de Winston Churchill, «sangre, sudor y lágrimas», y casi sin tiempo de echar a andar su gobierno pidió a los catalanes «austeridad y sacrificio». El objetivo era, y sigue siendo, salir de una crisis que en más de un momento ha puesto a la economía catalana al borde de la «bancarrota», en palabras del presidente. Así, el equipo económico de Mas hizo cuentas y vio que el «cráter» que había dejado el anterior gobierno tripartito era peor de lo esperado. Con un déficit heredado del 4,2% sobre el PIB, casi tres puntos por encima de lo permitido, el Ejecutivo de CiU se vio obligado a diseñar los primeros presupuestos restrictivos de Cataluña, con una rebaja del gasto del 10%. Y sin tiempo que perder anunció medidas «no agradables».

Boi Ruiz, el consejero de Sanidad cuya gestión más se asocia al tijeretazo, es el que lo ha tenido más complicado. Anterior jefe de la patronal hospitalaria, recibió el encargo de pilotar el Departamento de Salud y de acometer una reducción sin precedentes del gasto sanitario, en torno al 10%, ahorro que en algunos hospitales alcanza el 20%. Son alrededor de mil millones de euros anuales menos para el sistema, que han obligado al 'Govern' a cerrar de forma temporal el 25% de las camas y quirófanos de los hospitales públicos, a clausurar unos 40 ambulatorios durante el verano y a suprimir el servicio de atención nocturna de otros 50. El servicio de transporte sanitario se ha reducido alrededor del 10%, se ha prescindido de los empleados eventuales que acababan contrato y los hospitales cerrarán quirófanos y consultas durante el puente de la Constitución de diciembre.

Además, las temidas siglas ERE se han colado en los centros hospitalarios y los médicos y los enfermeros tienen que bajarse el sueldo porque el Instituto Catalán de la Salud tiene problemas de tesorería para acabar el año. El modelo actual, tal y como está concebido es insostenible, según el 'Govern', que empieza a abrir el debate del copago. «Con seguridad, después de las elecciones generales se tendrá que plantear», dijo el viernes el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.

Un sector muy sensible

Sus declaraciones no hicieron sino echar más leña a un fuego ya avivado por la rebelión de los médicos y enfermeros que se han lanzado a la calle y amenazan con huelgas en los principales hospitales de Cataluña. Todo ello después de boicotear una reunión donde se negociaba una nueva rebaja salarial para el colectivo. Los médicos y los enfermeros están en pie de guerra -dicen que con la nueva rebaja que propone Salud perderán un 35% de masa salarial en un año- y lideran la protesta contra los recortes, que culminará el 6 de octubre con la manifestación que UGT y CCOO han convocado en Barcelona.

Anque el 'Govern' interpretó que la ciudadanía avaló su política de ajustes en las elecciones municipales del 22 de mayo, cuando CiU obtuvo un resultado histórico, la protesta social va en aumento. Y es que a diferencia de las autonomías gobernadas por el PP que han aplicado recortes, en Cataluña la tijera se ha metido en todos los ámbitos, especialmente en la salud, un sector muy sensible y que genera mayor alarma en la sociedad.

En el entorno de la tercera edad también hay miedo después de que la Generalitat anunciara un aplazamiento de dos meses de los pagos a las residencias. Ante el revuelo mayúsculo, el 'Govern' tuvo que rectificar y sólo dejará de pagar 15 días. En cambio, lo que es definitivo es la supresión de las ayudas a padres con hijos de 0 a 3 años y la eliminación de la sexta hora en la educación, que dejará sin empleo a unos 5.000 profesores, según los sindicatos. Además, las tarifas universitarias han subido un 7,6% y se han paralizado, entre otros, 15 proyectos de construcción de centros educativos, así como paradas de metro.