Los charcos económicos para el próximo Gobierno

La economía lo es todo, y más en los tiempos que corren. Con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, los candidatos se afanan en prometer que todo irá mejor sin mojarse demasiado. Sin embargo, la tarea no es ni mucho menos sencilla, y ellos lo saben. Quien salga ganador el 20-N tendrá la obligación de coger el toro por los cuernos y tomar decisiones probablemente incómodas. El crecimiento se ha estancado, el paro sigue por las nubes y el país adolece de reformas profundas. No hay demasiadas alternativas ni espacio para la creatividad. Los charcos son muchos y habrá que meterse en todos para salir del atolladero.

Inmobiliario

El cáncer del ladrillo

Uno de los grandes desafíos para el futuro inquilino de La Moncloa es el inmobiliario. El llamado cáncer de la economía española ha desarrollado metástasis que lastra el crecimiento; problemas como el paro derivado del pinchazo de la burbuja, que ha dejado en la calle a millón y medio de personas, muchas de ellas sin formar, o la acumulación de0 un inmenso 'stock' (cercano a los 700.000 pisos) cuya venta se antoja casi una quimera. Sin olvidar los problemas colaterales en el sistema financiero, máxime entre las cajas de ahorros, aquejado de una morosidad que no cesa y que en el segmento de los promotores de casas se dispara al 17,7%, infinitamente más alta que la de los pagadores de hipotecas, que se queda en el 2,5%.

La cascada de quiebras empresariales en el negocio de los últimos años ha dejado un reguero de pisos en los balances de las entidades financieras que estas se afanan en vender, lo que limita aún más el pírrico crédito existente a aquellas operaciones en las que cajas y bancos sueltan lastre y convierten préstamos promotor en hipotecas a clientes, por las que tienen que provisionar menos dinero en sus balances. Pero la gran patata caliente para el Ejecutivo será el apartado fiscal. El actual Gobierno reservó en enero a las rentas más bajas la deducción íntegra a la compra, pero el PP ha prometido que la recuperará en toda su extensión si gana las elecciones, con lo que las compras se han parado en seco a la espera de mejores condiciones. El ladrillo se ha convertido en un arma arrojadiza entre partidos que han conseguido con su pelea despistar a todos y terminar de congelar un sector aún muy importante.

Energía

Reformar la tarifa

La cuestión más urgente, en política energética, es la reforma de la tarifa eléctrica. La liberalización del sistema se ha quedado a medias, y el precio de la luz se modifica cada tres meses para 17 millones de consumidores doméstico. Otros 4 millones contratan directamente con una compañía, y una cantidad similar se beneficia del bono social y tiene congelado el recibo hasta 2013. Pero los criterios que se aplican no satisfacen a nadie. El recibo de la luz viene subiendo cada año desde 2003, y desde 2006 lo hace en porcentajes muy superiores al del conjunto de los precios.

Sin embargo, estas alzas continuadas no han impedido la acumulación de 22.000 millones de euros de déficit, una cantidad que los consumidores tendrán que pagar a las empresas eléctricas antes o después. Por eso, las compañías han puesto el grito en el cielo al conocer la reciente congelación de la tarifa hasta después de las elecciones. Tan abultada deuda es el resultado de unos costes reconocidos de la generación de electricidad que casi nunca se ven compensados por los ingresos que permite la aplicación de la tarifa.

Pero hay otras muchas cosas por reformar. La tarifa se compone de una parte regulada, con la que el Ministerio de Industria juega para obtener el porcentaje de variación que aplica cada trimestre, y de otra que viene determinada por el precio de la electricidad que se alcanza en las subastas donde las comercializadoras compran a las empresas de generación los suministros que van a necesitar en meses sucesivos. La Comisión Nacional de la Energía está investigando las causas por las que el precio de la electricidad se dispara en el mercado mayorista en los días previos a estas subastas.

La reforma del sistema eléctrico es una urgencia para el futuro Gobierno y -promesas electorales al margen- no hay muchas pistas sobre las decisiones que puedan tomar los partidos con opción a ganar los comicios. Más clara parece la opinión del PP en la batalla empresarial que acaba de surgir en el sector energético con el intento de Sacyr y Pemex de hacerse con el control de Repsol.

El equipo gestor que comanda Antonio Brufau puede tranquilizarse con el recuerdo de otra aventura empresarial emprendida por Luis del Rivero. Cuando intentó el asalto al BBVA, el empeño resultó fallido, entre otras cosas, por la actuación del Banco de España, dirigido entonces por Jaime Caruana, una persona que cuenta con la plena confianza de Mariano Rajoy y a la que el líder popular intenta convencer para que se incorpore a su equipo económico.

Fiscalidad

Crecer a toda costa

En el terreno fiscal todas las políticas están subordinadas a un objetivo: cumplir el calendario de reducción del déficit de las administraciones públicas, que este año debe recortarse del 9,2% al 6% y el próximo al 4,4%, para que en 2013 no supere el techo del 3% que establece el pacto europeo de estabilidad. El problema es que el crecimiento económico es débil y apunta a un frenazo -los analistas prevén una expansión del PIB del 0,8% que el Gobierno ya no desmiente- y Hacienda en lo que va de año no ha visto cumplidas sus expectativas de recaudación. Sin dinero para estimular la actividad, para no ver comprometido el programa de reducción del déficit y la solvencia del país, el Ejecutivo que emerja de las urnas el 20-N tendrá dos posibilidades: recortar aún más el Estado del bienestar vía gasto o aprobar subidas de impuestos para todos.

Los últimos datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas han encendido las alarmas. El déficit territorial está desbocado y casi incapacita para acometer pagos en lo que queda de año a algunos poderes autonómicos, que gestionan servicios esenciales como sanidad, educación y dependencia. Salvar derechos sociales obliga a aumentar los ingresos de forma considerable y para eso no bastarán los 2.160 millones que generará el recientemente recuperado Impuesto de Patrimonio.

Fuentes de la Agencia Tributaria coinciden en que para cuadrar las cuentas habrá que subir el IVA «uno o dos puntos», aumentar los gravámenes en los tramos principales del IRPF y hacer algún «ajuste fino» en Sociedades.

Sistema financiero

Recuperar el crédito

La economía española necesita financiación, pero ni la banca parece dispuesta a proporcionársela ni empresas y familias se atreven a aumentar su endeudamiento. Las entidades más sanas aseguran que no les llega demanda solvente. El grupo Santander acaba de dar a conocer su previsión de que la inversión crediticia de su red en España va a seguir cayendo en una proporción del 3%, y el gobernador del Banco de España ha reconocido que «el gran problema para los bancos es que la gente no pide créditos». En la recta final de la reestructuración de las cajas de ahorros, el proceso ha quedado al margen de la pugna política. «La resistencia de ciertas autonomías ha desaparecido», reconoció Miguel Fernández Ordóñez a finales de la pasada semana al presentar el balance de la capitalización de las entidades de ahorro y anunciar su coste (7.551 millones) para las arcas públicas.