El desahucio de Caulina acaba con doce detenidos y cargas policiales

Eran las diez de la mañana y el ambiente en el número 24 de Caulina se hacía irrespirable. Dentro de la parcela, la familia aguardaba con temor y una creciente desesperanza el momento en el que la Policía acudiera a ejecutar la orden de desahucio impuesta por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jerez. Los gritos de dolor por lo que ya se cernía como algo irremediable eran constantes; más aún teniendo en cuenta que José Gutiérrez, el propietario de la vivienda, permanecía ingresado en el hospital desde que le diera una tremenda subida de azúcar dos días antes, cuando fue aplazado el desalojo.

Ayer, los hijos de José y Antonia, su mujer, explicaban que todos sus esfuerzos habían resultado en balde y que, a pesar de haber presentado el parte médico del cabeza de familia, el secretario judicial decidió seguir adelante con el desahucio e incluso les sugirió que el paciente pidiera el alta voluntaria para estar presente en el mismo. El médico, sin embargo, se lo desaconsejó de forma rotunda por lo que los suyos tuvieron que defender sin él su propiedad.

Como ya ocurriera el miércoles, los Gutiérrez volvieron a contar con la presencia inestimable de familiares, amigos y miembros del movimiento 15-M, que hicieron dos sentadas en cada una de las puertas del inmueble e incluso algunos se encadenaron a las rejas, con el fin de impedir la entrada de los agentes. En un primer momento aparecieron una docena de policías nacionales, acompañados de seis locales para regular el tráfico en el entorno.

Escenas de violencia

Pero este dispositivo apenas si se puso en marcha debido a las decenas de personas que se agolpaban en los alrededores de la casa, y que protagonizaron los primeros momentos de verdadera tensión al forcejear con los funcionarios que no pudieron acceder a la vivienda. Ello provocó que la Policía enviara refuerzos con dos furgones procedentes de Sevilla, llenos de antidisturbios. En total, alrededor de 35 funcionarios formaron un escudo humano y prepararon su estrategia de intervención, advirtiendo cinco minutos antes con un megáfono de que iban a actuar sin más demora por lo que animaban a los presentes a abandonar el lugar.

Ello no hizo sino caldear aún más los ánimos y comenzaron a escucharse gritos como «¡Manos arriba, esto es un atraco!», «¡De la casa de Pepe, no nos moverán!» o «¡Policías, asesinos!». Antes de que empezara la refriega, una ambulancia tuvo que acudir a socorrer a Antonia y a su hermana, presas de un ataque de ansiedad en vista de lo que estaba sucediendo. «No nos pueden hacer esto», repetían una y otra vez, mientras uno de los hijos apuntaba: «Mi padre se está muriendo, tiene una pierna hinchada y un brazo negro ya, y a nadie le importa».

Desafortunadamente, esto fue solo el principio de un desagradable episodio que se saldó con once personas detenidas y escenas de verdadera violencia física. Los policías se dispusieron a entrar por la fuerza, ataviados con pistolas que disparan bolas de goma, cascos, chalecos y escudos, y dejaron tras de sí la imagen dantesca de personas que fueron arrastradas por el suelo, tirones de pelo, cargas con porras y diversos golpes con los que finalmente dispersaron a los allí congregados.

Durante el brutal altercado, otras dos mujeres sufrieron un desvanecimiento y tuvieron que ser atendidas por los sanitarios, entre llantos y gritos de desesperación. Mientras tanto, un cerrajero echó la puerta abajo y logró abrir la casa, que ya había sido vaciada el día anterior por los propietarios. «Nos han tratado como animales -se lamentó José, uno de los hijos del matrimonio-. Nos han pegado a todos, e incluso no les ha importado que haya personas mayores. ¿Y éstos son los que nos tienen que defender a nosotros? Solo queremos encontrar la manera de pagar la deuda, no nos negamos a ello, pero no nos pueden quitar nuestra casa».

La parcela fue vendida a un tercero por 32.758 euros, después de que había sido tasada en 278.000, debido a que la pareja no pagó durante dos meses las cuotas de un crédito debido a la enfermedad del cabeza de familia.