Abren expediente a dos funcionarios de Puerto III por la muerte de un preso

En agosto se tiñó de rojo sangre el patio del módulo de aislamiento de Puerto III. Un preso canario (Lanzin B. E.), que ya había asesinado a un compañero en 2009 en la prisión de Fontcalent (Alicante), volvió a repetir la misma historia con otro interno. La víctima le acompañaba en las horas de patio que tienen asignadas los presos más peligrosos y en uno de esos paseos al sol, lo golpeó hasta matarlo. Casi dos meses después de ocurrir este crimen, se conocía ayer que dos funcionarios de Puerto III podrían ser sancionados por negligencia en la custodia. Así lo confirmaba un comunicado emitido por los sindicatos USO-Acaip, que mostraba su apoyo a los compañeros investigados.

Instituciones Penitenciarias les ha comunicado a los dos funcionarios que han abierto un expediente para depurar qué responsabilidad tuvieron en la muerte de Jacobo R. R. Fuentes consultadas por este periódico confirmaron que ambos ya han sido interrogados por inspectores enviados por la dirección general y que aún no se les ha comunicado qué sanción, en caso de no producirse un archivo, les imponen. Los sindicatos firmantes del comunicado quisieron ayer respaldar el trabajo de sus dos compañeros y llamaron la atención de que son los mismos profesionales que el pasado día 20 evitaron una nueva tragedia en el mismo módulo de aislamiento.

Ese día, un interno de nacionalidad marroquí provocó un fuego en su celda utilizando un colchón. «Premeditadamente había recogido toda su ropa en una bolsa y con ella se había parapetado en la ducha para evitar que le alcanzaran las llamas. Pese a que las alarmas antiincendios no funcionaron, los funcionarios procedieron a desalojar a los presos que ocupaban esa galería y la contigua», que se había inundado de humo. Después, siguen relatando los sindicatos, «accedieron sin visibilidad a la celda incendiada poniendo en peligro su propia vida para sacar al interno».

Esta nueva denuncia que hacen los trabajadores de Puerto III también subraya que el incidente del día 20 puso en evidencia el fallo de un sistema de seguridad básico como las alarmas que deben activarse si se declara un incendio en el centro penitenciario. Una deficiencia que pudo tener consecuencias fatales. Y recuerdan que en la muerte de Jacobo R. R. coincidieron otras anomalías graves. «Ocurrió en un lugar carente de cámaras de seguridad en un centro moderno y de alta tecnología; fallos que se vuelven a repetir cuando los sistemas de alarma no se activaron. Todo es debido a la nefasta gestión de la dirección».

Pero además del problema con las alarmas, el comunicado iba dirigido sobre todo a respaldar el trabajo de los dos funcionarios sobre los que pende la amenaza de sanción. «Esperamos que con la misma celeridad que se apertura el expediente, se reconozca la valentía de los funcionarios que intervinieron en el incendio y en particular a los que se jugaron la vida para salvar la de un interno».