Editorial

Tasa bancaria europea

La loable iniciativa del presidente Barroso tiene escasas opciones de materializarse

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El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, concretó ayer en el Parlamento Europeo lo que podría ser la tasa con que se gravarían las transacciones financieras. Con esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de los países grandes de la Unión y ha sido ya debatida en el Consejo Europeo, se podrían recaudar unos 55.000 millones de euros. La propuesta de la Comisión consistiría en gravar con un 0,1% las transacciones con acciones y bonos y con un 0,01% las operaciones con derivados que se realizasen en cualquiera de los 27 países miembros. El fundamento de esta especie de 'tasa Tobin' europea es políticamente impecable ya que el sistema financiero global ha sido responsable directo de la recesión cuyos coletazos todavía padecemos. Aunque no está claro quién acabaría pagando el recargo -parece inevitable que el sobrecoste sea cargado al cliente final-, es evidente que los recursos provenientes de las transacciones dinerarias podrían tener un efecto estimulante siempre que, como ha prevenido el presidente del Banco Central Europeo, no generen deslocalizaciones. En efecto, para que dicha tasa no produjera desequilibrios ni distorsiones en los mercados no debería extenderse solo a los 27 países de la UE sino a toda la comunidad de países. De ahí que la Unión esté dispuesta a llevar esta propuesta al G-20. El futuro de la idea es escaso porque, en Europa, el Reino Unido ya ha dicho inflexiblemente que no, y la solución de limitar la tasa al Eurogrupo otorgaría ventajas al Reino Unido insoportables para los demás países comunitarios. Los Estados Unidos ni siquiera se plantearán el asunto (resulta inimaginable que los republicanos transijan con semejante restricción de la libertad mercantil), y es muy dudoso que los países emergentes la acepten. La Unión quizá debería dedicarse más a fortalecer su integración, en el largo camino hacia el federalismo fiscal, que a buscar caminos laterales a una armonización que deberá tener lugar antes o después y que posibilitaría no solo el mutualismo cooperativo de los eurobonos sino también un mayor presupuesto europeo para las actuaciones de política económica.