Las víctimas piden que no se derriben sus casas ilegales

El juicio contra el promotor Abraham B. L. y contra el perito industrial Diego G. G., por su presunta implicación en un delito urbanístico en Chiclana, acusados por edificar viviendas irregulares y hacerlas pasar por legales, quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial.

En los alegatos finales, los abogados defensores pidieron la absolución de sus clientes y rebajas en las posibles condenas. Pero también los letrados de las acusaciones particulares pidieron al tribunal clemencia: no para los acusados, sino para las dos viviendas ilegales del Pago de Melilla, objeto de este juicio. En concreto reclamaron que no se dicte su derribo.

Según la Fiscalía, Abraham B. L. y su padre, Salvador B. G., construyeron los chalés en una zona no urbanizable y los vendieron a dos parejas de alemanes e ingleses, sin advertirles supuestamente que eran ilegales. El perito Diego G. G., por su parte, está acusado de elaborar un informe de 'obra nueva' en el que certificaba que las viviendas -aún sin construir- tenían más de cinco años. Con el informe podían escriturarlas.

Tres de los cuatro letrados de la acusación -que representan a los compradores ingleses y a Banca March- pidieron ayer el indulto de los inmuebles, con el argumento de que tirarlos sería «injusto», pues supondría un castigo para unas personas que no son culpables, sino las víctimas de una supuesta estafa. También alegaron que «hay un avance del PGOU que anuncia que la zona será declarada residencial», y recordaron que el Pago de Melilla está ya totalmente ocupado por viviendas. Los abogados no solo culparon de la estafa a los que se sentaban en el banquillo; también cargaron las tintas contra el Ayuntamiento de Chiclana por no actuar supuestamente a tiempo y no paralizar la edificación. Lo cierto es que la Gerencia de Urbanismo de Chiclana abrió dos expedientes administrativos mientras se realizaban las obras, «pero nunca las precintó», ni envió los expedientes al Registro de la Propiedad para impedir que se escrituraran las casas ilegales. «Tampoco lo hizo la Policía, ni la Fiscalía», criticó el abogado de Banca March, que culpó a la administración de «facilitar el engaño».

La Fiscalía -que ejerce la acusación pública- sí reclama la demolición «a costa de los acusados», «sin perjuicio de las indemnizaciones» a los compradores. La fiscal modificó ayer algunas solicitudes de penas: por un lado, agravó el delito de estafa para Abraham B. L., para el que pide cinco años y medio de prisión. Por otro lado, rebajó el castigo para el acusado Antonio Manuel M. G. (quien encargó el informe de 'obra nueva'), de dos años de prisión a solo seis meses y una multa. Para Diego G. G. se piden cuatro años y medio de cárcel.