Cataluña aplaza los pagos a las residencias concertadas por falta de liquidez

En un contexto de grave crisis económica y ante el riesgo de que las cuentas públicas se vean abocadas a la bancarrota, el Gobierno catalán dio este martes un paso más en su política de ajustes sociales. Un día después de proponer al personal sanitario rebajas en la paga extra de Navidad, la Generalitat anunció que se ha visto obligada a aplazar dos meses los pagos a las residencias concertadas que cuidan a ancianos, discapacitados, drogodependientes y enfermos mentales. Se verán afectadas unas 4.000 entidades sociales (muchas de ellas pequeñas cooperativas casi familiares que dependen absolutamente de las subvenciones públicas), que prestan servicios a unas 150.000 personas.

El Govern justificó la medida «estrictamente transitoria», que deja a 50.000 trabajadores con la duda de si podrán cobrar sus nóminas, por la falta de liquidez generalizada que hay en Europa. El sector afectado teme que el impago pueda prolongarse durante más meses y advirtió que pone al borde de la quiebra a muchas entidades.

La medida se enmarca dentro de la administración general de austeridad y sacrificio que ha impuesto Artur Mas desde que accedió a la presidencia de la Generalitat hace nueve meses. Una política de recortes que volvió a justificar este martes durante el debate de política general de Cataluña, y que tiene por objetivo acabar con la «espiral diabólica de contraer más deuda y más intereses».

Responsabilidad

Por ello, Artur Mas apeló una vez más a la responsabilidad del conjunto de fuerzas políticas catalanas ante «la situación difícil que todos conocemos», unos tiempos que, a su juicio, exigirán «sacrificios» para el conjunto de la sociedad catalana. Mas pidió la colaboración y la comprensión de todas las fuerzas políticas y de toda la sociedad para sacar al país adelante.

Se lo reclamó también al personal sanitario de los hospitales, que se encuentra en pie de guerra, después de conocer la propuesta de la Consejería de Sanidad para ahorrar 45 millones. Entre otras rebajas, los 10.000 médicos, 18.000 enfermeros, 2.400 residentes y otros 10.000 trabajadores de la sanidad catalana deberán renunciar a la mitad de la paga extraordinaria de Navidad y se les retrasará el pago de las horas extra y los turnos de guardia. Unas medidas «inasumibles» e «inadmisibles», según las calificaron los médicos y los enfermeros, que no descartan convocar una huelga. En cualquier caso, ésta es solo la última decisión de un amplio paquete de medidas de «choque», encaminadas a devolver a la Generalitat el equilibrio de unas cuentas que, según dijo Mas, se dirigían a la «bancarrota», ahogadas por los intereses.

La primera medida que tomó Mas nada más tomar el mando fue reducir el número de consejerías (de 15 a 12), los altos cargos (23% menos), los asesores y personal de confianza (40%) y el de los órganos de los departamentos por debajo de las direcciones generales (14%). El Govern marcaba un camino y anunciaba a los catalanes que tendrían que apretarse el cinturón al menos un par de años. Este nuevo estilo se refrendó con las cuentas públicas, que se aprobaron con una reducción del 10%.

El Govern metió la tijera y entre otras cosas decidió cerrar de forma temporal el 25% de las camas y operatorios de los hospitales públicos, unos 40 ambulatorios fueron clausurados durante el verano, a la vez que otros 50 suprimieron el servicio de atención nocturna. También se ha reducido alrededor del 10% del servicio de transporte sanitario.