«Hice el informe de obra nueva, pero no sabía para qué lo querían»

«Es la primera vez que me siento en un banquillo», aseguraba ayer Diego G. G. ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz. Este perito industrial, natural de Cádiz y de 42 años, era juzgado en la mañana de ayer por haber elaborado un informe de 'obra nueva', en el que -según la Fiscalía- certificó que dos viviendas ilegales en el Pago de Melilla (Chiclana) tenían más de cinco años, aunque en realidad ni siquiera se habían construido. De esta manera pudieron ser escriturados los chalés como si fueran legales. Diego, probablemente, no mentía al decir que era la primera vez que era juzgado. Pero no añadió que tiene diversas causas abiertas por hechos parecidos. La última vez fue a comienzos de julio de este año, cuando el juez Miguel Ángel López Marchena de El Puerto lo imputó a él y a otras 34 personas por otro 'caso de obra nueva' (como se conoce ya esta maniobra) en la localidad portuense. Entonces también acabó imputado Abraham B. G., promotor de Chiclana, que ayer se sentaba igualmente junto a Diego en el banquillo por el caso del Pago de Melilla. Según ellos, se conocían sólo «de vista». También estaban ayer acusados Salvador B. M. (padre de Abraham) y Antonio Manuel M. G (dueño del finca) que fue quien contrató al perito industrial para que realizara el informe de obra nueva.

Antonio Manuel admitió que escrituró la vivienda cuando aún no estaba construida, y que vendió la finca por cuatro veces su valor. Aún así, se declaró inocente y dijo que de las escrituras y los papeles se encargaban los «corredores» de la operación, sin aclarar quiénes eran. Diego G. G. también reconoció ante el tribunal haber realizado el informe de antigüedad por encargo de Antonio Manuel. Pero negó que estuviera al tanto de que era falso. Es más, su abogado defensor sugirió que el dueño de la finca quizá pudo mostrarle un chalé distinto, más «antiguo y el doble de grande», para engañarlo. Diego G. G. alegó que no constató que la parcela a la que le llevaron era la correcta. De la misma forma, según él, nunca supo para qué se utilizó el certificado, ya que en teoría el certificado solo lo puede elaborar un aparejador o un arquitecto cuando se trata de escriturar una casa: «No sabía para qué lo quería, y tampoco le pregunté».

Abraham Butrón, por su parte, compró la finca a Antonio M. M. G, aunque según él, cuando la adquirió ya había dos viviendas casi terminadas «de unos 100 metros» y «creía que eran legales»: «Por la nota simple, creía que el suelo era urbano; además, había otras casas y postes de luz en la misma calle, que estaba asfaltada y tenía nombre», alegó Abraham como defensa. Reconoció, en todo caso, que la casa no tenía servicio de agua, aunque eso, al parecer, no le extrañó en una vivienda legal.

El promotor solo hizo algunas obras menores, como la valla exterior, pero para ello tampoco pidió licencias. «No sabía que había que pedirlas», dijo este empresario supuestamente experto en el mercado inmobiliario. También negó ante el tribunal que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana le notificara la incoación de dos expedientes por infracción urbanística.

Cuando tuvo listas las viviendas, las vendió a dos parejas, una de alemanes y otra de ingleses (estos últimos, personados en la causa). Para Abraham Butrón se piden cinco años y medio de cárcel por un delito urbanístico y otro de estafa. El juicio continúa hoy con el testimonio de los empleados de la Gerencia de Urbanismo de Chiclana.