ANDALUCÍA

Golpe a la corrupción urbanística en Ronda con siete detenidos, entre ellos el exalcalde

La investigación se centra en varios convenios urbanísticos, como el de un centro comercial

RONDA. Actualizado: Guardar
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Ronda no escapa a la corrupción urbanística. La ciudad del Tajo se suma a la lista de municipios en la provincia investigados por las supuestas malas prácticas de sus políticos. El exalcalde, Antonio Marín Lara, y seis personas más, fueron detenidas ayer en el marco de una operación policial que investiga presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo de capitales, cometidos por el anterior equipo de gobierno compuesto por ediles no adscritos y socialistas. Además del tránsfuga Marín Lara, fueron arrestados el exprimer teniente de alcalde, secretario local y diputado provincial del PSOE, Francisco Cañestro; la exedil de Obras y Urbanismo, María José Martín de Haro; y el concejal de Economía y Hacienda, Contratación y Seguridad Ciudadana, Rafael Lara. Las otras tres personas detenidas, cuya identidad no ha trascendido su identidad, son empresarios, uno de ellos de Ronda y otros dos relacionados con una firma de alimentación vasca.

Las pesquisas, que están dirigidas desde hace un año por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en varios convenios urbanísticos, suscritos durante la etapa de Marín Lara como alcalde. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que se trata de probar si, tal como se sospecha, los convenios suscritos por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ronda podrían haber perjudicado los intereses municipales. Uno de ellos es el que proyecta la construcción de una gran superficie de la firma Eroski, a través de un grupo constructor de la localidad, sobre los terrenos del antiguo recinto ferial y del campo de fútbol, en una superficie de 34.000 metros cuadrado, de los que 25.000 serán edificables.

Para aprobar esta operación hubo que modificar el PGOU de Ronda. La oposición rechazó votar esta modificación el pasado mes de febrero por la urgencia del trámite y por no contar con suficiente información.

Según ha podido confirmar este periódico, el grupo vasco Eroski, recibió ayer en su sede central en la localidad vizcaína de Elorrio un requerimiento judicial en el que se le solicitaba información concreta sobre varias empresas del sector inmobiliario con las que ha tenido relación, que fue entregada a agentes de la Policía Judicial. Asimismo, desmintió que directivos de Eroski hayan sido detenidos en el marco de la operación de Ronda.

Marín Lara, Martín de Haro, Cañestro y Lara son actualmente concejales del Consistorio aunque en la oposición tras los resultados de las pasadas elecciones municipales que auparon a la Alcaldía a populares y andalucistas gracias a un acuerdo de gobierno entre ambas fuerzas políticas. El exregidor de la ciudad del Tajo es, además, portavoz de su grupo municipal.

Alrededor de las 9.00 horas, miembros de la Policía Nacional, de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda iniciaron el registro del Consistorio entregando a la alcaldesa, María de la Paz Fernández, un auto judicial por el que se solicitaba permiso para registrar el edificio municipal además de la sede de la concejalía de Obras y Urbanismo ubicada en la misma plaza Duquesa de Parcent, en pleno casco histórico. La regidora indicó que han sido alrededor de diez los agentes que han intervenido en la operación cuya causa se encuentra bajo secreto de sumario.

Igualmente, se procedió al registro de los domicilios particulares de Marín, Martín de Haro, Lara y Cañestro y de los despachos profesionales del exalcalde y la exedil de Obras y Urbanismo, lugares en los que se han intervenido diversa documentación en papel y en soporte digital.

Marín Lara fue detenido, sin esposar y alrededor de las 12.00 horas, en su vivienda y posteriormente fue trasladado por los agentes a su despacho profesional, en el centro de la ciudad del Tajo. Los registros en el Ayuntamiento y la sede de Obras y Urbanismo, en la que se han requisado hasta cuatro cajas de cartón llenas de documentos, se han llevado a cabo sin estar presentes los políticos detenidos. La alcaldesa explicó que en el despacho de la Alcaldía «no había ninguna documentación ni ordenador» cuando se formó la nueva Corporación y que los agentes han estado acompañados por funcionarios. El registro del Ayuntamiento dejó fuera del edificio a alrededor de 20 funcionarios que se encontraban en el exterior en ese momento por lo que no pudieron incorporarse a sus puestos de trabajo.

La Fiscalía Anticorrupción lleva más de un año indagando sobre la posible comisión de diversos delitos, período en el que se ha ordenado la intervención de teléfonos. De hecho, hace unos meses y antes de las elecciones municipales, se daba por hecho que podría haber una intervención policial en el Ayuntamiento de Ronda, lo que se produjo ayer.

Hoy está previsto que los siente detenidos pasen a disposición del juez para prestar declaración.

Sobre el proyecto del centro comercial, que al parecer centra la investigación, el exalcalde Marín Lara, el pasado mes de mayo, siendo además cabeza de lista del PSOE de cara a los comicios locales, dio a conocer el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía a la innovación de elementos del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el ámbito del antiguo recinto ferial, lo que suponía el cambio de uso del suelo de residencial a comercial. Marín añadió, incluso, que las obras del centro comercial comenzarían a finales del pasado mes de julio. El trámite fue objeto de hasta cuatro sesiones plenarias. La recalificación, finalmente, fue aprobada en febrero sólo con los votos a favor del PSOE y ediles no adscritos.

Posteriormente, el actual edil de Urbanismo, Daniel Harillo (PA) desmintió los hechos y calificó a Marín de «mentiroso». El andalucista explicó que Eroski aún no había decidido qué inversión destinaría a su proyecto en Ronda ni qué características tendría éste. El exregidor sí aseguró que la firma vasca invertiría 120 millones y que la superficie ocuparía 73.100 metros cuadrados de los que 32.148 se dedicarían a 1.724 aparcamientos. Estaba previsto que en el pleno de mañana, que ha sido suspendido, se pusiera sobre la mesa dicha innovación del PGOU para remitirlo a la delegación provincial de Obras Públicas a fin de desbloquear el proyecto.