Gastar impunemente

El candidato del PP a la presidencia de gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó la convención organizada por su partido en Zaragoza en torno a la reforma de las administraciones públicas para anunciar que alberga la intención de que la futura ley orgánica de estabilidad presupuestaria penalice la asunción de gastos que no estén contemplados en las cuentas anuales. Se trata de una iniciativa que debería contar con la anuencia de todo el arco parlamentario, puesto que la acumulación de deuda y déficit obedece en gran medida a la naturalidad con la que los responsables institucionales se han entrampado en costes a medio y largo plazo en la seguridad de que no deberían responder legalmente de un proceder irreflexivo, que su temeridad financiera gozaría siempre de una eximente política y partidaria, y que a lo sumo el problema acabaría teniendo que ser solventado por sus sucesores. Basta comparar la desigual situación financiera que presentan administraciones con análogas competencias para detectar graves irresponsabilidades en el ejercicio de la representación pública. Algo que cada formación política, incluido el PP, debería asumir con una pormenorizada descripción de los casos más extremos para que la medida correctora adquiera credibilidad.