La jueza de los ERE amplia las pesquisas sobre las ayudas a otras 40 empresas

La jueza que instruye el supuesto fraude en los ERE pagados con dinero público en Andalucía ha ampliado su investigación a otras 40 empresas que recibieron ayudas hasta 2010 y a tres bufetes que realizaron trabajos de asesoramiento. Con estas, son ya 107 las empresas analizadas por la inclusión de falsos prejubilados o «intrusos» y la recepción de ayudas con cargo a la misma partida, que no tenía ningún tipo de control y llegó a ser denominada por un exalto cargo de la Junta como «fondo de reptiles».

Según consta en el auto de la jueza Mercedes Alaya, estas 40 empresas recibieron ayudas por un valor superior a los 30 millones de euros. Entre ellas se encuentran algunas sociedades de la localidad sevillana de El Pedroso, en torno al que se articula uno de los núcleos del supuesto fraude, ya que está vinculado al ex director general de Trabajo y principal imputado en el caso hasta ahora, Francisco Javier Guerrero Benítez, y a varios de los «intrusos», como un exalcalde socialista. De hecho, la jueza ha pedido información al Registro Mercantil sobre 10 empresas ubicadas en este municipio.

Además, la investigación se amplía a tres despachos jurídicos que habrían asesorado a estas empresas y habrían facturado a la Junta cerca de dos millones de euros en su conjunto. En uno de esos bufetes trabajó otro de los imputados por su papel de «conseguidor» de las ayudas.

El consejero de Empleo Manuel Recio, que ha mostrado su disposición a entregar la documentación «con toda celeridad», ha subrayado que una comisión de la propia Consejería revisó todos los expedientes de ayudas en la última década y no encontró nada anómalo en los correspondientes a estas nuevas empresas. «Si hubieran tenido algún problema se habría remitido en ese momento a la juez para su conocimiento», insistió.

Recio defendió el «trabajo ejemplar y concienzudo» llevado a cabo por los funcionarios, ya que revisaron «todos y cada uno de los expedientes vivos que tenían pólizas asociadas a un ERE». Y recordó que solo se encontraron anomalías en «un uno por ciento de los expedientes», que se remitieron a la juez. De forma paralela a la instrucción judicial, la administración está llamando a los falsos prejubilados localizados para que «aclaren cualquier tipo de dudas que pudieran existir».

Desde la oposición, por su parte, ponen en tela de juicio esta investigación interna y apuntan a que el PSOE esconde tras ella un «interés político» porque les sirve para tratar de encubrir a destacados «dirigentes socialistas» que aparecerían en los expedientes como conocedores de la trama y que son omitidos a la juez, según denunció ayer la portavoz de los populares andaluces, Rosario Soto.

Así, subrayó que en uno de los ERE bajo sospecha se han omitido el nombre del actual secretario provincial del PSOE de Sevilla ypor entonces delegado de Empleo de la Junta en la provincia como mediador para la recalificación de unos terrenos.

El PSOE replicó que denunciará a la portavoz del PP andaluz si no prueba en un plazo de veinticuatro horas que la Junta ha ocultado nombres de altos cargos.