Despilfarro televisivo

Ahora que los nuevos Gobiernos de varias Comunidades Autónomas proceden al saneamiento de la herencia recibida, fruto del despilfarro de una época de vacas gordas que ya no se repetirá, debe ser el momento en encarrilar el despilfarro general de las televisiones autonómicas, tanto si -como parece planear el PP- se privatizan tras la reforma legal que lo posibilite, como si se opta por mantenerlas. Pese a la inexistencia de datos fiables -diríase que los Gobiernos autonómicos tratan de ocultar la realidad-, se conoce que de un gasto total en subvenciones al audiovisual público (incluida RTVE) de 2.228 millones de euros en 2010, más de 800 millones fueron consumidos por las 13 televisiones autonómicas, cuyo presupuesto ordinario conjunto supera los 1.500 millones de euros anuales. Todo este dispendio no tiene además justificación alguna, si se excluye el argumento idiomático en las comunidades con lengua autóctona, porque con la sola excepción de la catalana TV3, que obtiene audiencias notables, y de la aragonesa, que la sigue de cerca, las demás tienen un verdadero carácter marginal. De hecho, estas cadenas son poco más que simples altavoces políticos del gobierno de turno, una utilidad que en modo alguno justifica el dinero que cuestan.