La Fiscalía pide que Sortu siga ilegal porque es Batasuna

La Fiscalía pidió ayer al Tribunal Constitucional que confirme la negativa a inscribir en el registro de partidos a Sortu porque cree que esta formación no es más que una «fraudulenta» continuación de la ilegal Batasuna y que, pese a las declaraciones de sus dirigentes de «condena de la violencia», no ha roto «claramente» con ETA y tampoco ha pedido en ningún momento la «disolución» de la banda, tal y como le reclama la «sociedad democrática».

El Ministerio Público, a lo largo de 198 páginas, insiste -como ya hiciera ante el Supremo y en línea análoga a la de la Abogacía del Estado- en que existe una plena identificación entre Sortu y Batasuna, al punto que considera que la primera es una invención de la propia banda, que en 2009 ideó una estrategia para «superar el estado de debilidad» a que le había llevado la ilegalización de Batasuna en 2003 y poder así volver a «la vida política y constitucional».

El alegato fiscal se esmera en marcar distancias con el caso de Bildu, a la que el Constitucional sí permitió participar en los pasados comicios de mayo. Para la Fiscalía no hay semejanzas entre ambas. «No se trata de permitir la participación política de una formación integrada por partidos eminentemente democráticos en colusión con miembros procedentes de una cierta izquierda abertzale», aclara ante todo. «Se trata de evitar el riesgo que para el Estado democrático representa la participación política a través de una nueva formación política, de aquellos que, siendo Batasuna, dicen haber roto con los postulados y métodos de la banda terrorista ETA, sin que su conducta y actividades evidencien la certeza de aquella ruptura», apostilla el texto.

Las promesas de los promotores del partido 'no nato' no convencen al departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido. «Las declaraciones formales de condena de la violencia y el uso de métodos democráticos y políticos para la defensa de los intereses que dicen representar» no pueden «ser consideradas suficientes», ya que Sortu tendría que haber condenado a ETA y exigir su desaparición.

Táctica

Para la Fiscalía las declaraciones de Sortu y su supuesto distanciamiento de la violencia de ETA no son más que una «táctica instrumental» a la búsqueda de la legalización y por ello los responsables de la formación bajo sospecha se esmeran en usar un vocabulario «eufemístico» y se enredan en «circunloquios o paralelismos con la actuación legítima de las fuerzas de seguridad» para evitar la condena expresa a ETA y reclamar su fin definitivo.

«Parece razonable que la sociedad democrática, que ha padecido directamente las consecuencias de aquellos que han estado en comunión de intereses y métodos violentos, exija un reconocimiento incuestionable de las víctimas del terrorismo de la banda y una petición clara e indubitada de disolución de quien durante cincuenta años ha venido utilizando el terror para la defensa de unas ideas que se podrán compartir o no, pero que son perfectamente defendibles en una sociedad democrática», expone.