La Junta renuncia a filtrar las actas del Gobierno antes de enviarlas a la juez

El Gobierno andaluz no hará uso del resquicio legal que le deja la sentencia del Supremo sobre las actas de los consejos de Gobierno y remitirá todas ellas, sin excluir documento alguno, a la magistrada que investiga el fraude de los ERE. El fallo del Tribunal de Conflictos da la razón a la juez del número 6 de Sevilla, a la que considera competente para acceder a las 480 actas de las decisiones del Gobierno desde 2001 y recrimina a la Junta por su negativa a enviárselas. Si bien, el fallo admite que pueden aparecer informes u opiniones o actas como materia reservada, que la Junta puede «excluir de su remisión», siempre que lo fundamente legalmente.

La portavoz del Gobierno, Mar Moreno, explicó ayer que la orden de Griñán es que se remita la documentación a la juez «al cien por cien, sin excluir ni una sola coma». Moreno reiteró que el Gobierno no tiene «absolutamente nada que ocultar en las actas» y que lo que la Junta deseaba era defender el fuero. Moreno volvió a recordar que la sentencia satisface en esto a la Junta, ya que reconoce ciertas materias reservadas en las actas.

Javier Arenas exigió ayer que la Junta remita las actas al Parlamento. El líder del PP dijo que el Supremo ha puesto a «Griñán en su sitio». «El presidente estaba obstaculizando el trabajo de la Justicia, las actas son públicas, aquí no hay secretos oficiales ni hay fondos reservados como en el Gobierno».