Rubalcaba quiere impedir que el TC pueda «corregir» a los ciudadanos

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, intensificó ayer los guiños hacia el votante socialista de Cataluña, que se antoja clave para el resultado de su partido en las elecciones del 20-N. Si el domingo, el exvicepresidente hizo una encendida defensa del catalán y del modelo de inmersión lingüística, ayer, en la segunda etapa de su operación reconquista del voto socialista catalán, abordó otro de los asuntos que más sensibilidades hirieron durante el debate sobre el Estatut: el choque entre el Tribunal Constitucional (TC) y el pueblo de Cataluña.

Ante un auditorio formado por empresarios y agentes económicos, Rubalcaba se mostró partidario de acometer «cambios legislativos» para impedir que los tribunales puedan enmendar estatutos aprobados por la ciudadanía en referéndum, como ocurrió con la Carta Magna catalana. «No puede volver a pasar que el pueblo vote y el Constitucional modifique posteriormente esa norma», expresó Rubalcaba, que, como en Gavà el domingo, estuvo arropado por Carme Chacón y José Montilla.

La sentencia del Constitucional sobre el Estatut anuló hace más de un año 14 artículos y fijó la interpretación de otros 27. Sin embargo, lo que más molestó en Cataluña fue lo que se denominó el choque de legitimidades, porque el TC se pronunció sobre una ley aprobada en referéndum por los ciudadanos. Desde amplios sectores de la sociedad catalana se interpretó como una agresión y una humillación al pueblo de Cataluña que había sancionado mayoritariamente el Estatut en las urnas. Entre los indignados, los socialistas catalanes, que salieron muy erosionados con la tramitación de la norma de autogobierno.

«Buscábamos un mejor acomodo de Cataluña en España y no lo conseguimos», reconoció Rubalcaba. El ex ministro del Interior no desmenuzó cómo desarrollaría ese cambio legislativo para que el «final de una reforma estatutaria acabe en la votación de la ciudadanía», si bien caben varias opciones: reformar la Constitución, fijar por ley que el último paso de la tramitación de una carta autonómica será el del referendo o rescatar el recurso previo de inconstitucionalidad. Esta última propuesta no es nueva. Durante la larga deliberación de cuatro años del fallo sobre el Estatut, el PP se mostró dispuesto a recuperar esta herramienta, que estuvo en vigor durante seis años, entre 1979 y 1985. Los populares adujeron que evitaría problemas de inseguridad jurídica, como ocurrió con el Estatut, que fue declarado inconstitucional tras llevar años en vigor y haber sido aprobado en referéndum. El PSOE, que en ocasiones se mostró dispuesto a estudiar la iniciativa, siempre terminó por rechazar las distintas propuestas del PP en este sentido.

Más guiños

Ante la atenta mirada de la plana mayor del PSC (Montilla, Iceta y Nadal, entre otros) Rubalcaba, que se comprometió a desarrollar el Estatut, también se posicionó sobre la vieja reivindicación de los socialistas catalanes de que su grupo tenga una voz propia en el Congreso. El aspirante a la presidencia del Gobierno se ha propuesto atraer el voto catalán y en dos días no ha escatimado en gestos hacia Cataluña, para volver a seducir al socialista de toda la vida que anda algo desanimado. «El PSC debe tener una opinión visible en el Parlamento cuando se habla de Cataluña», dijo. ¿Y libertad de voto? «Habrá que ver cómo se articula esa propuesta. Pero no es ahora el momento de hablar de eso», remató. Ni siquiera la posición del PSC es homogénea sobre este tema y hasta el congreso que la formación tiene previsto celebrar en diciembre no se espera una decisión firme.

Aunque el público asistente al foro de Primera plana tenía más ganas de escuchar al candidato su opinión sobre el encaje de Cataluña en España o sobre el final de ETA, Rubalcaba dedicó buena parte de su intervención a presentar su programa económico. Entre otras propuestas, planteó crear una oficina para combatir el fraude fiscal, en la que bajo un mando único se coordinen los inspectores de Hacienda, de la Seguridad Social y la Policía. «Vamos a declarar la guerra al fraude fiscal», afirmó, tras señalar que en 2010 se destaparon hasta 10.000 millones en desfalcos. Además, Rubalcaba apostó por «armonizar» el impuesto de sociedades y descartó aumentar el IRPF.