El Supremo alarga un día su decisión sobre el conflicto entre la Junta y la jueza Alaya

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, concluyó ayer una reunión de tres horas y media sin una decisión sobre el conflicto de competencias que la Junta ha planteado a la jueza que investiga el fraude en los ERE (expedientes de regulación de empleo) en la Comunidad. La magistrada Mercedes Alaya reclama a la Junta todas las actas de los consejos de Gobierno desde 2001 (480) y el Ejecutivo de Griñán entiende que son secretas y que la jueza no puede tener acceso indiscriminado a ellas, sino solo a los acuerdos referidos a la investigación que sigue.

La decisión del Tribunal de Conflictos no solo será clave en la instrucción del caso que sigue la jueza, quien ve indicios de que miembros del Gobierno supieron de irregularidades en el sistema de pago de los ERE y pólizas de prejubilaciones y no hicieran nada por impedirlo. La deliberación que adopte creará jurisprudencia, ya que hasta ahora no se había dado un conflicto de jurisdicción de competencias de este tipo entre un gobierno de comunidad autónoma y el poder judicial.

La jueza quiere averiguar si las advertencias de la Intervención General de Hacienda sobre dichas irregularidades eran conocidas por miembros del Ejecutivo, señalando a Griñán, entonces consejero de Hacienda. Para la magistrada, de la investigación de las actas «puede desprenderse alguna actuación delictiva por parte de autoridad o funcionario público».

En sus alegaciones, la Junta defiende que las actas tienen carácter reservado y se acoge a la ley de Gobierno de la Junta para negarle jurisdicción a la instructora en el acceso a todas ellas de forma indiscriminada y arbitraria.

La Audiencia ya se pronunció

La magistrada puntualiza que en las actas no debe figurar las deliberaciones, opiniones o votaciones de los miembros del Gobierno, que sí son secretas, sino los acuerdos y algo en lo que la instructora tiene especial interés, los «informes orales» de los consejeros sobre los acuerdos que se adoptaran. Para la juez, estos informes orales, en caso de existir, no son deliberaciones, ni opiniones, por lo que no tienen carácter reservado y no son, por tanto, «materia clasificada».

Algunas fuentes barruntan que, dado lo espinoso del asunto, cabría esperar una resolución salomónica, en la que ninguna de las partes se llevara el gato al agua, es decir, quedara como ganador. Sin embargo, el conflicto ya fue abordado por la Audiencia Provincial de Sevilla, dando la razón a la magistrada y deliberando que las actas no son secretas. La Audiencia consideró «justificada» la demanda de la juez y «no arbitraria y caprichosa», como afirmaba el letrado de la Junta en sus alegaciones.

El Tribunal de Conflictos, que preside el presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, tiene ahora la última palabra. Otros componentes del tribunal son los magistrados Octavio Juan Herrero y José Manuel Bandrés. Hoy tratarán de poner luz al conflicto, aunque fuentes del Supremo indicaron que tampoco es seguro que la deliberación se adopte esta mañana y deba, por tanto, postergarse otro día más.