La Audiencia Nacional estudia si juzga o no el chivatazo a ETA

El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional decide a partir de mañana si los tres mandos policiales procesados por el chivatazo a ETA en mayo de 2006 tienen que sentarse finalmente en el banquillo y si se les acusa o no de colaboración con organización terrorista, como reclamó el pasado 13 de julio el juez instructor del caso, Pablo Ruz. El tribunal, encabezado por el presidente de la sala, Javier Gómez Bermúdez, se enfrenta muy dividido a la deliberación.

Los magistrados deben decidir sobre dos cuestiones fundamentales. La primera, si hay suficientes indicios contra el director general de la Policía, Victor García-Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros. Y la segunda, si el delito que supuestamente cometieron fue de colaboración con banda armada, la tesis de Ruz, o un simple encubrimiento de secretos, el argumento que defiende la Fiscalía.

En caso de que el cónclave respalde la versión del Ministerio Público, la causa saldría de la Audiencia Nacional, competente para juzgar delitos de terrorismo, y pasaría a los juzgados de Irún, la localidad en la que se ubica el bar Faisán, en el que supuestamente tuvieron lugar los hechos.

Gómez Bermúdez decidió el pasado 26 de julio que, dada la «complejidad, trascendencia e importancia jurídica» del asunto, fuera el pleno, y no sólo los tres magistrados de la sección segunda, el que estudiara los recursos interpuestos por las defensas de los procesados y en los que se solicita el archivo de la causa. Hay, aún así, tres magistrados -el presidente de la sección tercera, Alfonso Guevara, y los jueces Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri- que han comunicado su intención de no participar de la reunión porque, en caso de que se decidiera que el caso siga en la Audiencia Nacional, formarían parte del tribunal encargado de enjuiciarlo.

Este martes se celebra, en principio, una primera vista pero cabe esperar que la deliberación se prolongue por varios días dada la falta de unanimidad entre los magistrados. El sector progresista se muestra partidario, según fuentes jurídicas, de no considerar el soplo al aparato de extorsión de ETA como delito de colaboración con organización terrorista, mientras que los jueces conservadores serían partidarios de atender el criterio del juez Ruz , es decir, de que el caso continúe en la Audiencia Nacional.