Industria intenta evitar una nueva subida de la luz el 1 de octubre

El precio de la electricidad, que para veinte millones de usuarios domésticos se actualiza cada tres meses, tendría que subir de nuevo el 1 de octubre -tras haberse encarecido el 9,8% en enero y un 1,5% en julio-, porque los precios se han disparado de nuevo en el mercado mayorista, con vistas a la subasta del 27 de septiembre y porque ahora se están contratando las compras de cara al invierno. El aumento está por determinar, y tal vez no se produzca, puesto que el ministerio de Industria ha acudido una vez más a sus prerrogativas, y propuesto de nuevo la congelación de los peajes, lo que a su vez impedirá achicar la terrible factura del déficit tarifario acumulado, que ya supera 22.000 millones de euros.

Cuentan que el titular de Industria, Miguel Sebastián, se refirió en la pasada comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos a la alianza entre la constructora Sacyr y la petrolera Pemex para hacerse con el control de Repsol como 'un marrón' que le tocará afrontar a otro, en concreto al futuro titular de ese departamento. No será el único, ni tampoco el más complejo. El procedimiento utilizado para determinar el precio de la luz y enjugar la abultada herencia de 'números rojos' amenaza con estallar por todas sus costuras. Ni los usuarios pueden soportar el ritmo de subidas de los últimos tres años -más del 50%- ni el sistema desarrollarse con la incertidumbre de los cambios del nuevo Ejecutivo.

La tarifa doméstica se actualiza al comienzo de cada trimestre tomando en cuenta, mitad y mitad, dos elementos: los resultados de la subasta mayorista de electricidad, en la que empresas comercializadoras acuerdan con las generadoras las compras que van a necesitar para sus suministros futuros, y la parte regulada, también llamada 'peajes de acceso'. Su evolución la decide el ministerio tomando en cuenta los costes del sistema, desde las primas a las renovables a las redes de distribución y transporte, pasando por la multimillonaria compensación por el déficit de tarifa acumulado.

La subasta mayorista está en cuestión desde hace mucho tiempo. Cada trimestre, los comercializadores que venden a los clientes que están a tarifa compran a un precio fijo la mayor parte de la electricidad que les venderán en los meses siguientes. La puja se realiza a precio descendente y después se firman los contratos físicos. Este sistema permite establecer un precio sin las fluctuaciones del mercado mayorista diario, pero la Comisión Nacional de la Energía, que acaba de experimentar una importante renovación, con relevo en la presidencia -Alberto Lafuente ha sustituido a Maite Costa- acordó, en la última sesión de su consejo, abrir un expediente informativo para «analizar el comportamiento de las transacciones realizadas en el mercado energético los días previos a la celebración de las subastas de energía eléctrica supervisadas, dada su relevancia en la formación de los precios» y en la tarifa final.

Ha ocurrido en ocasiones anteriores, y se repite en la actualidad. La pasada semana se alcanzaron en el mercado mayorista los precios más altos desde diciembre de 2008, al rondar los 62,71 euros por megavatio hora (MWh). A modo de ejemplo, en la anterior subasta, celebrada en junio, la referencia estuvo en 52,95 y 56,33 euros por megavatio hora. Cierto que en las transacciones de estos días influyen varios factores, como la baja producción hidráulica y eólica y los habituales aprovisionamientos de las comercializadoras que cierran contratos con la vista puesta en el aumento de la demanda propio de la temporada otoño-invierno. Pero aún así, las sospechas no remiten. Sube con fuerza el precio de referencia de la energía, y la parte regulada de la tarifa se repliega otra vez.

Al Gobierno no parece inquietarle el déficit de tarifa tanto como le desasosiegan los números rojos de las cuentas de las administraciones públicas. Pero, antes o después, habrá que pagarlo. Se trata de la diferencia entre los costes reconocidos y los ingresos percibidos por las compañías eléctricas en los últimos años, y algunos expertos opinan que su importe es excesivo, porque el regulador estimó unos costes muy superiores a los que realmente llegaron a soportar las empresas. Enjugar este déficit sale caro: un 5% del recibo de la luz tiene este destino, y cada vez cuesta más financiarse en unos mercados endurecidos por la crisis. Al futuro ministro de Industria le tocará remover todo el entramado.