Sentencia en Derecho

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional, condenando a Arnaldo Otegi y a Rafa Díez Usabiaga a diez años de cárcel por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes, y a ocho años de prisión a Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto por la primera de las imputaciones juzga hechos y conductas que se remontan a finales de 2008 y principios de 2009. El relato judicial revela que los ayer condenados formaron parte durante esos meses de una estructura a través de la cual ETA trató de supervisar la actuación de las diversas organizaciones de la izquierda abertzale dirigiendo sus pasos y orientando el debate suscitado en su seno tras la ruptura de la tregua de 2006. Las divergencias que en ese tiempo pudieron aflorar entre el núcleo etarra y los dirigentes de la extinta Batasuna no llegaron ni entonces ni después a adoptar la forma de una ruptura expresa que llevase al Tribunal a tenerlas en consideración. Todo lo contrario, la persistencia de la amenaza etarra no se desvanece por el hecho de que la trama terrorista declarara un alto el fuego permanente, ni el sometimiento de la izquierda abertzale judicialmente disuelta a su tutela acaba solo porque esta adopta aparentemente la exitosa iniciativa de recuperar la legalidad de facto mediante la coalición Bildu. La razón fundamental de la condena es que el Tribunal considera que los encausados, durante el tiempo en el que formaron parte de una estructura que no se atreve a identificar con el nombre Bateragune, estuvieron «contribuyendo y consintiendo de forma imprescindible» a la perpetuación de la amenaza terrorista. Los condenados cuentan ahora con la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo. Pero el crédito democrático de la izquierda abertzale, que continúa resistiéndose a condenar retrospectivamente el uso del terror, en ningún caso subirá enteros si opta por instrumentar la sentencia de ayer para recabar votos victimistas de cara a las próximas citas electorales.