Suvipuerto achaca el problema de Los Maestros a la postura de la Junta

La empresa municipal de la Vivienda, Suvipuerto, ha desmentido que el problema al que se enfrentan los propietarios de los pisos de Los Maestros, a los que Hacienda reclama cantidades entre 3.000 y 6.000 euros por la compra de los mismos, se haya debido a un error propio cometido en la operación de venta. Fuentes de la entidad sostienen que en las oficinas de El Puerto todo se hizo de forma correcta. No obstante la Junta de Andalucía, a través de la consejería de Economía y Hacienda, no ha aceptado las bonificaciones legales que rebajan a los vecinos el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. El caso, que afecta a unos quince propietarios, se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al menos tres podrían ser embargados por impago.

El consejero delegado de Suvipuerto, Miguel Pérez de Yrigoyen, explicó que la venta de las viviendas se realizó mediante un procedimiento abierto con más de un criterio de adjudicación, que en este caso fue la oferta económica de cada vecino y su nivel de renta. Este mecanismo es el que marca la ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Los Maestros son viviendas de propiedad municipal que arrendadas a unos inquilinos con pocos recursos económicos a los que se quiso facilitar la compra.

Tasación de los pisos

Suvipuerto contó para la tasación de las viviendas con un funcionario público y los vecinos recibieron la certificación de que así había sido, para contribuir a la aplicación de la bonificación. Sin embargo, pese a ser un tributo estatal, las competencias están cedidas a las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Andalucía, cuya oficina liquidadora en el Registro de la Propiedad de El Puerto no los consideró aptos para beneficiarse de estas rebajas fiscales. «La interpretación de la ley que ha hecho la Junta no es la misma que hicimos nosotros y entienden que esas bonificaciones no son aplicables para estos casos. Si Suvipuerto tuviera las competencias tributarias, claro está que les habríamos aceptado esas bonificaciones».

De Yrigoyen dijo que en ningún momento la empresa ha mantenido una actitud pasiva con respecto a los vecinos y que les ha convocado a varias reuniones en las que se les ha informado sobre los pasos a seguir en defensa de sus intereses. Incluso pidieron un informe al Consejo Consultivo de Andalucía que nunca recibieron. Pero el caso, que fue desestimado por el Tribunal Económico Administrativo Regional, ya está en el TSJA. «Desde el momento en que este asunto está judicializado, Suvipuerto no puede hacer nada. Todo lo que estaba en nuestras manos, se ha hecho».