Rafael Gómez, empresario y concejal de Unión Cordobesa. :: EFE
ANDALUCÍA

Rafael Gómez, nombrado consejero de la Gerencia de Urbanismo en Córdoba

El empresario imputado en el 'caso Malaya' ha sido multado por la propia gerencia por supuestas ilegalidades urbanísticas

CÓRDOBA. Actualizado: Guardar
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El empresario y concejal de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, fue designado ayer en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Córdoba consejero en representación de su formación política en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), órgano que le ha multado por supuestas ilegalidades urbanísticas, como la sanción de más de 20 millones de euros por construir sin licencia las naves de Colecor.

En declaraciones a los periodistas tras la sesión plenaria, el edil y nuevo consejero de la GMU negó que se vayan a producir críticas por su nombramiento, que, a su juicio, «no tiene mayor importancia».

Así, explicó que su designación se debe al cese voluntario en el cargo como consejero por parte del portavoz de UCOR, Juan Miguel Alburquerque, que pasará ahora a ser suplente, pero «no hay problemas», comentó Gómez, quien defendió que «simplemente se ha decidido así» y «no ha surgido nada».

En cuanto a los bienes embargados a su empresa, Arenal 2000, de los cuales cuatro de ellos, por los que adeuda al Consistorio cerca de 3,5 millones de euros, saldrán a subasta a finales de este mes, Gómez descartó pronunciarse y agregó, «cuando se terminen las cosas hablaremos».

En concreto, las cuatro subastas de fincas, que se celebrarán el próximo día 29 de septiembre, responden al expediente de Hacienda del Ayuntamiento cordobés contra la citada entidad para acuerdo de enajenación mediante subasta pública de bienes.

El empresario cordobés Rafael Gómez 'Sandokán' está imputado en la operación Malaya y se le atribuye un delito de cohecho, por lo que tuvo que depositar una fianza de 300.000 euros para salir en libertad. Gómez también tiene abierto un expediente urbanístico en el Ayuntamiento de Córdoba por la construcción sin licencia de unas naves industriales por las que tendría que pagar una multa de 24,6 millones de euros.