El Consistorio afirma lograr un acuerdo para poner fin a la huelga de autobuses

El gobierno local y la empresa concesionaria del transporte público dieron ayer un paso que podría ser definitivo para solventar el conflicto de los autobuses. Concretamente, el Ayuntamiento aseguró haber alcanzado con Urbanos Amarillos un preacuerdo para desbloquear el conflicto mientras se alcanza una solución definitiva. Este principio de acuerdo se logró durante la reunión mantenida en la tarde de ayer por la alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada del portavoz del gobierno, Antonio Saldaña, y los delegados de Economía y Personal, Enrique Espinosa y Javier Durá, respectivamente, así como el concejal responsable de Movilidad, Agustín Muñoz, con los representantes de la empresa concesionaria del transporte urbano.

La alcaldesa dejó claro que «este preacuerdo exige a la empresa el pago a los trabajadores, así como garantizar la calidad del servicio». El gobierno, no obstante, mantiene las conversaciones con otras empresas que pudieran hacerse cargo del servicio en caso de no atenderse las peticiones.

García-Pelayo matizó que «con este principio de acuerdo se quiere desbloquear un conflicto que no puede prolongarse más en el tiempo», ya que recordó que los ciudadanos «no pueden seguir sin un servicio que es básico», por lo que «lamentamos los perjuicios causados». La regidora señaló asimismo que desde el Ayuntamiento «se ha hecho un gran esfuerzo para evitar seguir causando molestias a los ciudadanos» y en este sentido ha exigido a la empresa el mismo esfuerzo cumpliendo con sus deberes.

Durante el encuentro, el gobierno asumió el compromiso de pagar la deuda pendiente a la empresa correspondiente al tiempo que han prestado el servicio de manera provisional desde noviembre de 2010 hasta el 7 de mayo de 2011, etapa del anterior gobierno socialista, con cargo al aval que aportó la propia empresa.

Igualmente, el gobierno municipal se mostró dispuesto a pagar el corriente correspondiente a los últimos meses, a pesar de dejar claro que el pago es anual y que, por tanto, el Ayuntamiento no tiene obligación de hacer frente al ingreso de este dinero hasta mayo de 2012. No obstante, la alcaldesa quiso recalcar que lo que se pretende es que se pague a los trabajadores y que se garantice un servicio de autobuses de calidad con una flota renovada.

María José García-Pelayo destacó asimismo en que «esta garantía de calidad pasa por traer de nuevo a Jerez los seis autocares que se llevaron nada más comenzar la huelga, o la dotación a la plantilla de algo tan básico y obligado como son los uniformes».

Sin descartar otras empresas

Tras la reunión, la regidora se mostró confiada en que la empresa cumpla con sus obligaciones, si bien volvió a incidir en que, mientras se da un margen de confianza, el gobierno mantiene las conversaciones con otras empresas que pudieran hacerse cargo del transporte en caso de no prestarse el servicio de calidad que exigen los ciudadanos.

Por último, García-Pelayo recordó que el objetivo del gobierno municipal es que el primer plan de ajuste económico presentado el pasado viernes ponga orden en las cuentas públicas, precisamente para normalizar los pagos tanto de las nóminas de los trabajadores municipales, como a las entidades bancarias, empresas concesionarias y proveedores.