El Vaporcito está listo para su rescate a la espera de un acuerdo para pagarlo

La decisión del Gobierno central de no sufragar finalmente el plan de reflotamiento del Vaporcito, lejos de hacer efecto, se ha convertido en 24 horas en una noticia fantasma. A falta de una comunicación oficial por parte del Ministerio de Medio Ambiente, tanto los armadores del barco como el equipo de buzos, contrato por la empresa pública Tragsa, no solo han decidido continuar con las labores preparativas previas al rescate, sino que además en la tarde de ayer ya daban por concluido el proyecto de acondicionamiento de la embarcación. Es decir, la empresa de servicios subacuáticos, Divership, ha terminado las tareas de inmersión y ya han dejado el Vapor listo para que las dos enormes grúas de la empresa Gil enganchen los embragues y tiren del navío. Pero para eso hace falta el visto bueno de Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima y Cultura. Sin embargo, hasta el momento los responsables de Adriano S. L. no han entregado el plan de rescate ante ninguna de estas tres administraciones.

El abogado de los armadores, Ángel Vallejo, volvía a insistir ayer en que sus planes no cambian «hasta que no recibamos un comunicado oficial». Así, Vallejo mantiene que no se explica el cambio de opinión del Gobierno, ya que «la postura de mis clientes no ha variado y sigue siendo la misma desde el primer día». Con esto, el letrado daba a entender que la decisión de retomar las rutas sigue sin estar tomada y abierta ahora a lo que finalmente dicte Medio Ambiente y Fomento. Si llegara ese comunicado, el plan de rescate se modificaría sustancialmente, ya que sin un respaldo económico el reflotamiento rozaría lo que es una misión imposible. Al respecto, Vallejo añade que los dueños del Vapor no pueden hacerse cargo de las tareas de izado, ya que «la póliza del seguro -del grupo Murimar- no cubre el reflotamiento, solo los daños y hasta la cantidad límite asegurada». El gerente de Divership, Juan Antonio Rodríguez, fue ayer incluso más rotundo y aseveró que en la misma mañana de ayer Tragsa dio la orden de «continuar con los trabajos».

El delegado de la Junta en Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, pidió ayer «prudencia» porque aún no se conocen la postura «definitiva» de los armadores. Ha asegurado que la Junta está dispuesta a ayudar, ya que es «una seña de identidad importante» para Cádiz, recordando que la declaración «de Patrimonio de Interés Cultural supone la obligación del propietario de mantenerlo». Si bien, afirmó desconocer las intenciones del Gobierno y ha recalcado que «lo razonable es sumar esfuerzos para intentar ayudar entre todos». Por su arte, el consejero de Cultura, Paulino Plata, explicó que han encargado «un trabajo técnico para que nos digan, desde un punto de vista legal, cómo está la situación y también técnicamente: si el bien aguanta o no aguanta», ya que, «es un barco de madera y tiene sus dificultades», además de que «también se tiene que ver qué uso se le puede dar en el futuro. Todo esto hay que estudiarlo, no podemos actuar de manera compulsiva».

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, también se pronunciaba acusando a Medio Ambiente de «echarse para atrás cuando ha visto el dinero que costaba el recate. Espero que al menos lo refloten y luego decidiremos qué hacer con el buque».